Hace instantes, el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, confirmó la presencia de Cristina Kirchner en la reunión que el gobierno nacional mantendrá hoy con gobernadores de las provincias productores de hidrocarburos, entre los cuales se encuentra Francisco Pérez.
"La Presidenta estará en la reunión con las provincias productores de hidrocarburos donde se establecerán reglas que permitan un proceso de inversión en la producción de hidrocarburos no convencionales", aseguró Capitanich.
En la conferencia de prensa que ofreció en la en Casa de Gobierno, el funcionario señaló que en la reunión "se estipularán los mecanismos y las reglas de una estrategia que permita promover inversiones para lograr un objetivo estratégico para la República Argentina como lo es el autoabastecimiento".
El contexto no es sencillo: como explicó hoy MDZ, el desarrollo del shale oil y gas en la Argentina podría requerir más de 25.000 millones de dólares en menos de diez años, cantidades de dinero siderales que ni las provincias, ni YPF ni el gobierno nacional disponen.
Y por eso comenzó una pelea de poder porque el CEO de YPF Miguel Galuccio no quiere que las empresas provinciales de energía participen “gratis” del negocio, como “carry” de los que sí invierten. Ni que haya diez modelos distintos de licitación que terminen ahuyentando a los inversores. Además, el ejecutivo de la petrolera estatal –con el apoyo de la presidenta- quiere que las provincias rebajen impuestos a las petroleras y cobren menos regalías por el petróleo no convencional, a modo de promoción industrial, para que con el dinero de los impuestos vayan amortizando capital.
Los gobernadores, en general, acuerdan que el modelo de negocio del shale no cierra, pero no quieren cederle a Galuccio ni al gobierno nacional la potestad de dónde se explota y dónde no, con quiénes, y cuánto deben ganar las provincias.
La razón es simple: para Galuccio, el país es un “yacimiento único” petrolero donde puede decidir en base a argumentos técnicos dónde explorar y dónde no. Pero los jefes provinciales quieren ser ellos los dueños de las decisiones.