Dentro de exactamente una semana se comenzará a debatir en el Senado de la Nación la nueva ley de hidrocarburos, que se consensuó entre las provincias petroleras y el Ejecutivo nacional.
La norma se discutirá en un plenario de tres comisiones durante tres días consecutivos a partir del próximo 30. En ese contexto, se espera la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, gobernadores de las provincias petroleras —Francisco Pérez estará allí— y de Galuccio. En este escenario, todo indica que el oficialismo prevé llevar el texto para su debate en el recinto a más tardar a mediados de octubre.
La discusión no será sencilla: por caso, el radicalismo aún no definió su postura. Según anunció el mendocino Ernesto Sanz, la fijará tras una reunión del comité nacional, que él preside, y de los bloques de ambas cámaras legislativas. No obstante, algunos legisladores, como Mario Cimadevilla (Chubut), anticiparon su rechazo.
En ese contexto, el radicalismo local volvió a pronunciarse en contra del acuerdo petrolero a través de un documento firmado por Sergio Pinto, Gerardo Del Río, Laura Montero, Néstor Pares, Julio Cobos, Patricia Gimenez y Enrique Vaquié.
Allí, entre otras cosas, se advierte que el acuerdo "viola la autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales y en materia impositiva", en tanto que "sigue recostando sobre sus cuentas públicas el costo de las malas decisiones de política económica nacional".
En realidad, no hay demasiado margen para la discusión, sobre todo después de que Cristina Kirchner metiera presión al asegurar ayer que "ya se habla de la Argentina como la nueva Arabia Saudita", por sus recursos energéticos en gas y petróleo.
Hoy lo volvió a repetir el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich: "Argentina está siendo considerada como la nueva Arabia Saudita porque está en un proceso de exploración y explotación petrolífera".
Y metió más presión aún: "Tenemos como objetivo estratégico el autoabastecimiento energético y necesitamos más inversiones como lo hace YPF, pero necesitamos también que las provincias argentinas incrementen sus niveles de producción", expresó.
El contexto en el cual ocurren estas declaraciones lo aportó el propio Capitanich, al precisar que la Argentina importa combustible por un valor de 12 mil millones de dólares al año.
Volviendo al tema de la ley hidrocarburífera: el jefe de Gabinete reiteró que las modificaciones a la norma fue acordada con las provincias petrolíferas.
Y añadió: "Se abre un conjunto de oportunidades para incrementar el flujo de inversión y la velocidad de producción; es necesario explorar y explotar más, y también invertir más en infraestructura, en destilerías, para abastecer la demanda creciente de combustible, a fin de garantizar el autoabastecimiento energético".
Finalmente, aseguró que "las provincias petroleras, mediante estrategias para áreas concesionadas, deben lograr nuevos niveles de inversión para incrementar los niveles de producción".
¿Recogerán el guante los funcionarios mendocinos? ¿Alguien responderá las declaraciones Capitanich? ¿Será Mendoza parte de la nueva Arabia Saudita? Por ahora, solo preguntas sin respuesta.