30 millones de pesos de más por mes, es la suma de dinero que habría desembolsado el Estado nacional en concepto de subsidios a empresas del sector de Transporte Público.
La información se desprendió del cruce de datos que aporta el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) con los números que las empresas de colectivos informaron, oportunamente, a través de una declaración jurada.
La cartera que conduce Florencio Randazzo descubrió que se entregaban por mes subsidios por 13 millones de metros cúbicos de gasoil cuyo consumo no se puede justificar con los recorridos.
Como informó Diego Cabot para La Nación, los datos de kilómetros recorridos permitieron detectar que sólo en el área metropolitana se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes.
"La suma da unos 350 millones por año que se habrían estado pagando de más, y sólo en los servicios que tienen SUBE", dijo una fuente jerárquica de la cartera, aunque se sospecha que la cifra podría ser casi el doble.
Para Daniel Millaci, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la diferencia surge de los errores de cálculo que hicieron en el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.
"Las máquinas tienen muchos errores. Hay algunas marcas que arrojan errores de 5 por ciento y otras cuyas diferencias van hasta 15 por ciento. Además, se tomaron como base los datos de febrero, en los que siempre hay menos servicios por las vacaciones, y a eso se le aplicó una estacionalidad. Entonces hay muchas diferencias. Es por eso", dijo el empresario a La Nación.
Todo empezó cuando se firmó el decreto 2229, del 18 de diciembre, que se publicó el jueves 9 de enero. Mediante esa norma, el subsecretario de Gestión Operativa del Transporte, Gerardo Otero, un hombre de extrema confianza del ministro del Interior y Transporte, se quedó con todas las herramientas para manejar los pagos a los transportistas, cuestión que hasta ese momento estaba en manos de la Secretaría de Transporte, que maneja el desdibujado Alejandro Ramos.
Debajo de Otero se abrió un nuevo árbol de oficinas, con cuatro direcciones nacionales y siete direcciones. El objetivo que se había planteado Randazzo con esos cambios era uno solo: usar los datos del SUBE y poner fin así a años en los que cada transportista sólo presentaba una declaración jurada como requisito para llevarse un cheque millonario.
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