El fondo buitre NML Elliott buscará acelerar la presentación judicial que hizo en julio pasado, donde apelaba a que cuando la cláusula Discovery estuviera habilitada puedan avanzarse en su aplicación sobre eventuales fondos de YPF y de la petrolera norteamericana Chevron para cobrarse el fallo a favor del juez Thomas Griesa.
Según publica este viernes el diario Ámbito Financiero, esto se debe a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York del 23 de diciembre pasado de habilitar la cláusula Discovery. Según el periodista Carlos Burgueño, por ello jueces de los Estados Unidos pueden identificar activos físicos y financieros de funcionarios, militares y diplomáticos argentinos (para eventualmente avanzar en embargos) podría derivar en un nuevo capítulo en el "juicio del siglo".
Para la Argentina, avalada por la opinión de los abogados Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), la presentación de Elliott sería imposible de tener en cuenta y de fácil apelación. "Sin embargo, se sabe, la intención sería complicar aún más la situación del país y hacer las posibles negociaciones de enero más complicadas", según señala este viernes Burgueño en Ámbito.
El principio del caso
Según ese diario porteño, a comienzos de aquel mes, el abogado Ted Olson, que representa al fondo buitre de Paul Singer, había concretado el paso más polémico contra la Argentina y el país, aunque de legalidad dudosa, en los tribunales de California. La intención era que cuando se pudiera legalmente comenzar a investigar los activos del país y eventualmente presentar su publicación, esos datos se los deriven al juez Thomas Griesa para que sea el quien defina si luego esos fondos son o no embargables. Desde la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York del martes pasado, Elliott ya está habilitado para presentarse ante la Justicia californiana y avanzar con la cláusula Discovery sobre YPF-Chevron. Si finalmente tiene éxito o no dependerá de los jueces locales. Se verá en los primeros días de enero de 2015, cuando el fondo Elliott presione a la Justicia por una definición. La decisión dependerá del juez Jeffrey Steven White, magistrado de primera instancia del distrito norte de California, donde por sorteo se radicó la denuncia de Elliott.
En la presentación de julio, la intención de máxima de Elliott es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron. La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliott busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.
La embestida de Elliott es en California porque en ese estado tiene su sede Chevron. La empresa es heredera de la Standard Oil-California desde 1911 y tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco hacia el continente alejándose del océano Pacífico; precisamente donde tiene su jurisdicción el Noveno Circuito y donde los abogados del fondo buitre radicaron la denuncia.
Según explica Burgueño, la presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda mañana en el tribunal de Griesa. De avalar los jueces californianos la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existen fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. Luego, si finalmente algún juez californiano decidiera avalar el pedido de embargos de Elliott, las alternativas serían de avanzar sobre los activos de YPF primero y luego sobre los de Chevron, o sobre ambos a la vez. La Justicia del oeste puede obviamente desechar el intento y considerar los argumentos que seguramente expondrá la Argentina: que YPF es una sociedad separada del Estado y que Chevron es una empresa absolutamente independiente de la Argentina que sólo decidió asociarse con el país para un proyecto concreto: el de Vaca Muerta.
Elliott quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales innumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos. Pero lo más fuerte que presenta Elliott son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) que informe a un juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. De esto habla la cláusula Discovery.