El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, sostuvo hoy que debe ser el Estado, y no las empresas, el que absorba un eventual aumento del mínimo no imponible de Ganancias.
"A los trabajadores hay que sacarles el impuesto a las Ganancias, mientras no lo pague yo. Tiene que pagarlo el Estado", señaló el empresario.
En declaraciones al portal Infobae, Méndez añadió: "es el Estado el que debe buscar una mecánica para financiar un aumento del mínimo no imponible. Hay que buscar de dónde se cada la plata, porque el dueño de la caja es el Estado".
El empresario consideró que la presidenta Cristina Kirchner "va a seguir con su política y me parece que está bien, si está convencida de que hay que hacer"
El pedido de Cristina a los empresarios
Tras escuchar a quienes mencionaron modificar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, la presidente Cristina Kirchner se comprometió ayer a "analizar" variantes, durante la primera reunión del diálogo social al que convocó para discutir el rumbo económico del país con empresarios, industriales, banqueros y gremialistas.
Pero advirtió: "Cualquier reforma que hagamos de algún lugar tendrá que salir esos fondos", según pudo confirmar Infobae. Así, condicionó la actualización de la cuarta categoría del tributo como las demás escalas a un mecanismo para compensar la merma en los ingresos fiscales de $ 15.000 millones al año, que provocaría subir el piso de Ganancias.
Empresarios que estuvieron presentes en la audiencia, que se llevó a cabo en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, confiaron a los medios que el Gobierno estudia crear nuevos impuestos o aumentar alguno de los ya existentes para poder cumplir con el principal reclamo de los gremios, tanto los agrupados en la CGT de Antonio Caló como los que responden a Hugo Moyano, que no fueron convocados al encuentro con la mandataria.
Otra opción para conseguir los recursos que estudia el Ejecutivo sería gravar la renta financiera, pero el Gobierno se niega a incluir los plazos fijos, por lo que sólo afectaría las inversiones en acciones, lo cual aportaría sólo 1500 millones al fisco, señalaron algunos empresarios que participaron del debate al diario La Nación.