La minería, que a algunos les parece casi una mala palabra, pero que haciéndola sustentable y respetando las normas, como en otros países, es todavía una actividad subexplotada en la región. En mi país, por ejemplo, muchos critican esta actividad y, sin embargo, ponen a Chile como un modelo de desarrollo económico. Y yo les digo: pero si el principal desarrollo que tiene Chile ha sido el cobre”.
Con esta ironía, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó un tema más que polémico en el país: la industria minera como potencial económico.
En los últimos nueve años, este sector pasó de representar el 0,2 por ciento del PBI al 1,2 por ciento. Según datos de la Secretaría de Estado de Minería, a cargo de Jorge Mayoral, en 2010 hubo un récord de producción, de aproximadamente 27.000 millones de pesos. El valor exportado el año pasado fue de 13.800 millones, un crecimiento acumulado en los últimos años de más del 300 por ciento. Hoy, la actividad genera más de 500 mil puestos de trabajo directo e indirecto en todo el país. En este sentido, fueron registrados los mayores valores históricos a nivel absoluto. Por eso, los presupuestos para exploración minera se duplicaron en el último lustro y llegaron a 11.200 millones de dólares. Uno de los cuestionamientos que caben a este sector tiene que ver con quiénes son los que se quedan con la renta minera. Es decir, cuántas de las divisas que se generan a partir de esta actividad extractiva quedan en el país para ser reinvertidas, ya sea en la generación de valor agregado o en infraestructura. El marco regulatorio argentino se basa en el Código de Minería y en la Ley de Inversiones Mineras. Ésa es la norma que fijó beneficios como la estabilidad fiscal, la amortización acelerada de los bienes de capital y la devolución de IVA, este último sólo para la inversión de riesgo en actividades exploratorias que no producen y por ende no tendrían un reintegro. Uno de los mitos que fueron construidos alrededor de esta actividad es que no paga retenciones a sus exportaciones. El principal promotor de esta “afirmación” es Fernando “Pino” Solanas, el dirigente de Proyecto Sur. Esto no es así, ya que el sector paga entre cinco y 10 por ciento de derechos de exportación, según el valor agregado que tenga cada producción, acordado por el alto desembolso que la actividad -por la ubicación de los emprendimientos, generalmente localizados en zonas deshabitadas- realiza en obras de infraestructura tales como caminos, tendidos eléctricos, campamentos, sistemas de comunicación y obras civiles, entre otras.