Presentarán el proyecto de reforma financiera

El próximo lunes el diputado Carlos Heller, del bloque Nuevo Encuentro, y titular del banco Credicoop presentará el proyecto de ley de entidades financieras.

La “Ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros”, persigue el fortalecimiento del Estado en su rol de monitoreo de la actividad bancaria y a "federalizar" el crédito, según sostiene Heller.

El proyecto se propone reemplazar a la legislación actual en materia de bancos, y no pretende respetar los principios del Comité de Basilea, que es el de cumplimiento obligatorio en varios países.

Según publica hoy el sitio iProfesional.com, la propuesta busca que el Estado tenga mayor ingerencia en la actividad bancaria, lo que implica inaugurar un cambio de paradigma en la legislación de la actividad bancaria, que los usuarios puedan acceder a los servicios bancarios con una mayor cobertura geográfica y una mayor inclusión, que la actividad financiera sea considerada un servicio público y que la práctica de prestar dinero –créditos al consumo, para la inversión, compra de viviendas– no quede más librada a la libre acción del mercado, como sucede hoy.

El proyecto incluye crear una Superintendencia única para las entidades financieras, cambiarias y de valores, crear un organismo que defienda los derechos de los usuarios, regular las tasas para fomentar algunas actividades que sean esenciales, oligar a los bancos a prestar dinero con fines puntuales y establecer requisitos diferenciados para las cooperativas de crédito y las cajas populares.

Según sostiene iProfesional.com, la ley reemplazaría a la sancionada a fines de 1977, bajo el número 21.526 por el gobierno militar. A lo largo de sus 32 años de vida, ésta fue analizada y modificada en 17 oportunidades, nueve por ley y ocho por decretos presidenciales.

Heller sostuvo que la iniciativa avanza en la creación de institutos específicos, como la constitución de un Banco de Desarrollo -que no le prestará a las empresas sino que servirá para el fondeo de operaciones-, en un Instituto para la Vivienda, y en otro dedicado al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

Los puntos salientes de la propuesta
El argumento básico de la iniciativa es declarar a los bancos como un servicio público, aunque se mantengan en manos privadas, y así devolver al Estado la potestad de regular las tasas de interés, así como también los montos y la asignación de los créditos.

Otros puntos incluidos en el proyecto pasan por la política de apertura de sucursales, considerando incluso la obligatoriedad de que todos los bancos con sede en Capital Federal tengan en todo el país.

Se propone además, la construcción de un amplio mercado de préstamo bancario, centrado en el financiamiento productivo, en especial hacia las Pyme, y el hipotecario para la vivienda, "democratizando el crédito para que llegue a todos los que los necesitan" pues, según Heller, "las carteras de préstamos bancarios reflejan, con la excepción de muy pocos bancos, una alta concentración por deudor".

La iniciativa también busca lograr una "cobertura universal" por parte del sistema, puesto que menos de la mitad de la población está hoy bancarizada, y cubrir a todas las regiones, para que llegue a las localidades más pequeñas.

Según sectores vinculados al oficialismo, la actual Ley de Entidades Financieras promueve la especulación en lugar de canalizar fondos hacia la producción.

El impuesto a la renta financiera
Fuentes oficiales consideran que parte de la oposición acompañaría el proyecto, aunque con matices. El socialismo, por caso, reclama que antes se aplique el Impuesto a las Ganancias a la renta financiera. Algo que el propio gobierno siempre amagó con hacer pero nunca concretó.

La idea es que los fondos que se obtengan sean destinados a cubrir determinados planes sociales, como la asignación universal por hijo. Pero existe opinión formada que una decisión de ese tipo tendría que ir de la mano de la sanción de una nueva ley de Entidades Financieras.

Es por ello que la nueva legislación formaría parte de un paquete más ambicioso que incluiría, además, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención de aplicar un gravamen de esta naturaleza resurge periódicamente, con los más variados considerandos.

Por lo general, la intención es extender el alcance del Impuesto a las Ganancias a la compraventa de acciones celebradas por particulares, como también a los intereses de los plazos fijos.

Las transacciones antes mencionadas ya soportan el peso del tributo cuando son realizadas por compañías.

Impacto
Consultado oportunamente por iProfesional.com, Enrique Scalone, titular del estudio que lleva su nombre, afirmó que “el tema de gravar la renta financiera es complicado por la imposibilidad de medir adecuadamente los efectos que dicha medida podría tener sobre la inversión y capitalización de las empresas”.

“Hay una frase que lo sintetiza claramente: el capital tiene alas”. La competencia entre los mercados financieros de las distintas plazas es feroz. Bastaría un simple anuncio de gravar rentas financieras en el país para producir rápidamente una corrida de capitales hacia plazas del exterior, con el consiguiente vuelco de esos fondos hacia la economía informal. "Ello podría implicar un desfinanciamiento de las empresas argentinas”, agregó el especialista.

Por otra parte, Scalone destacó que “en el pasado han existido tributos específicos sobre la transferencia de títulos-valores, sobre la compra-venta de divisas, sobre las operaciones financieras, entre otros. Todos ellos aportaron escasa recaudación y significaron un escollo al flujo de capitales y al desarrollo de los mercados.”

“Desde el punto de vista de sus efectos sobre la economía del país, gravar la renta financiera puede acarreará más problemas que soluciones”, concluyó Scalone.

Fuente: iProfesional.com