La presidenta hizo una jugada fuerte y de alto riesgo. Fuerte, porque el mismo día que el Congreso no consiguió quórum para bajar las retenciones, ella dispone repartir las retenciones a la soja con las provincias. De esta manera, no solo ratifica la posición del gobierno, sino que, de alguna manera, neutraliza una de las más fuertes reivindicaciones de los ruralistas, que esgrimían un planteo federal para que se coparticiparan las retenciones con provincias y municipios.
El planteo original de los ruralistas era reemplazar las retenciones (no son coparticipables) y cambiarla por una tasa adicional de impuesto a las ganancias (si es coparticipable). La presidenta opta por el camino discrecional, es decir, se reparte lo que no es repartible por una concesión graciosa de la mandataria y no porque lo mande la ley.
El gesto presidencial, también implica una movida política fuerte, cuando está casi aprobado el adelantamiento de las elecciones legislativas para junio próximo. Los candidatos del PJ podrán "vender" a Cristina como un "alma generosa" en cuyo apoyo solicitarán el voto ciudadano.
Indudablemente, Cristina le cambia violentamente el escenario a los dirigentes ruralistas. Ahora las provincias recibirán una masa de recursos adicional que, sumada a lo que actualmente perciben, completaría la garantía del 34% que los gobernadores venían exigiendo. La nueva asignación suma un 11% al 23% que actualmente reciben las provincias. La duda es qué apoyo tendrán hacia adelante los reclamos de los dirigentes de la Mesa de Enlace.
Pero la movida es también arriesgada desde el punto de vista financiero. La Nación sacrifica una suma de 6.500 millones de pesos en momentos en que la recaudación de impuestos está cayendo por la crisis. De todo lo anunciado en los últimos meses, algunas cosas no se podrán hacer, y es probable que sea la obra pública la que sufra la quita.
Las cuentas públicas nacionales deberán estar muy ajustadas, pero la duda es qué harán las provincias. Porque ahora vendrán demandas salariales que podrían comerse todo lo nuevo. Por ejemplo, a Mendoza podrían corresponderle unos 260 millones de pesos anuales, algo así como 20,5 millones mensuales.
Esta suma, el Gobernador debería compartirla con los municipios y repartir entre ellos 6 millones. Si tanto municipios como Provincia deciden invertir en obra pública podrán amortiguar la situación y proteger el empleo. Si aumentan salarios públicos, acelerarán la crisis.
Análisis: un brusco cambio de escenario
La inciativa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de compartir con las provincias el 30% de las retenciones a la soja significa un apoyo a las provincias y una ratificación que complica la posición de las entidades gremiales empresarias.
