Mauricio Macri lo recibió al gobernador mendocino el jueves por la mañana, con un tono de reclamo y asumiendo un poco también el papel de víctima. -¡Pero Alfredo. Yo pido que todos tenemos que ceder y vos sos el primero que no quiere! - Es que esto ha sido un error, no es que me estoy oponiendo a las reformas, le respondió Cornejo. - No creo que haya sido así. Sos durísimo. Pero no importa, te tengo que comunicar que los impuestos internos al vino no van. Y tampoco los de la cerveza. No queremos perjudicar al mercado, lo cortó el presidente. El gobernador insistió: "Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra", dijo, y trató de ensayar una explicación que, después de una semana de tironeos con el gobierno nacional, ya se sabía de memoria. La verdad, a esa altura de la conversación a Cornejo le importaba poco el futuro de la cerveza porque ya había escuchado lo que quería de boca del presidente.
Más allá de que lo tomó por sorpresa y que nunca le avisaron que se iban a tratar de imponer impuestos internos al vino y a los espumantes, el mendocino nunca tomó a título personal la medida. La entendió en todo momento como una decisión improvisada del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a quién le dieron la indicación de buscar reducir el déficit y encontró, cuando vio que el vino pagaba tasa cero, la oportunidad de gravar algo que no lo estaba. Aunque en un momento Cornejo sí mostró los dientes. Fue el lunes, ante el jefe de Gabinete Marcos Peña, a quien le hizo ver el real motivo de su enojo. "Ustedes están preocupados por bajar el déficit. Pero de lo que no se dan cuenta es que yo ya hice mi parte, en el pequeño sector que me toca que es mi provincia. Y lo vengo haciendo desde 2016. Ustedes no hicieron eso", le enrostró. Esas demostraciones de valentía sirvieron para ponerle freno al artículo de la reforma tributaria que iba a llevar al colapso a la industria vitivinícola. Y también para que Cornejo recordara a Francisco Pérez y se pavoneara un poco de paso, después de la marcha atrás presidencial. "Era un gobernador (Pérez) que tenía que estar mendigando recursos para pagar gastos corrientes todo el tiempo. Ese no es un gobernador que pueda ponerse al frente de los problemas económicos de la provincia e interactuar con el gobierno nacional con argumentos", se jactó. Una parte de la argumentación es cierta. Pero hay otra que no mencionó. Es verdad que Mendoza ya no necesita, por caso, de asistencia financiera nacional para pagar sueldos y que, por primera vez en muchos años, se recuperó la inversión provincial en obra pública. Sin embargo Macri no es Cristina Kirchner.
Y no solo en los modos: el Gobierno nacional tiene la convicción de escuchar y hasta de corregir decisiones erróneas, pero tiene a la vez una debilidad estructural en ambas Cámaras del Congreso que lo obliga a buscar consensos porque, como abusó el kirchnersmo, no puede imponer nada.
El gobernador mendocino volvió de Buenos Aires el viernes con un aire triunfal que, puertas adentro de Casa de Gobierno, no fue para tanto.
La verdadera pelea
Con la discusión de las alícuotas al vino, Cornejo tuvo que meterse al mar en un día bravo. Logró sobrevivir a esa ola que casi lo voltea. Pero quedó un poco desequilibrado para la siguiente oleada, que llegará el jueves próximo. El gobierno mendocino sabe que la discusión de los impuestos internos lo desgastó para el debate de fondo que ya se inició entre la Nación y los gobernadores y en donde Mendoza podría terminar resignando recursos. "Tuvimos que matar una paloma con un FAL", fue la sentencia amarga de un funcionario provincial el jueves, mientras veía como todos festejaban el alivio para la industria vitivinícola. El gobernador se apresta a firmar el acuerdo que propone Macri, pero cuya letra chica todavía se está discutiendo. El gobierno nacional propuso a los gobernadores un "consenso fiscal", para firmar el jueves próximo, con la oferta de eliminación del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB) de $ 53.000 millones que mantiene en vilo a las provincias.
El compromiso es que se compensará a todos los jefes de provincia, que se lo reparten, y en especial a Buenos Aires, que aumentará su ingreso de $ 650 millones a casi $ 20.000 millones el año que viene.
La discusión por el FCB implicaría la modificación de la ley del impuesto a las ganancias, un fondo que se creó en 1991 con el 10% de la recaudación de ese gravamen para asistir a Buenos Aires con un tope de $ 650 millones.
Y como pretendía no solo Cornejo sino todos sus colegas, será la Nación -no las provincias- quien terminaría compensando a Buenos Aires.
Desde aquí respiraron aliviados cuando leyeron este punto. Pero hay una encerrona.
La oferta incluye la derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establece que un 36% de la recaudación por este tributo no ingresa a la masa coparticipable y se divide entre Anses en un 20%, la provincia de Buenos Aires; el resto de los distritos y provincias con necesidades básicas insatisfechas.
El punto está en que Macri les está diciendo a los gobernadores que él afrontará el pago a Maria Eugenia Vidal, pero también que, para poder hacerlo, cambiará la forma en que se financia el sistema previsional en Argentina.
Una parte saldrá del impuesto al Cheque, que se destinará por completo a tal fin. Pero el resto, de la reforma del sistema de movilidad jubilatoria, para que los haberes de la clase pasiva se actualicen según el índice de inflación. Esto le permitiría al Estado ahorrar alrededor de $100.000 millones, lo que es el verdadero corazón de las reformas encaradas por el presidente.
En otros términos: lo que pretende Macri es quitarle a los gobernadores el peso de un posible fallo favorable a la provincia de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia, a cambio de un respaldo, sobre todo del PJ, al proyecto de reforma previsional.
En otros de los puntos del acuerdo, Mendoza no discutirá demasiado. Es el que plantea a las provincias un "esfuerzo fiscal", al exigirles que bajen los impuestos más distorsivos para la productividad. Es decir que están pidiendo una eliminación gradual de Ingresos Brutos. Como contrapartida, la Nación cedería un 1.5% de presión tributaria.
En la Legislatura se está discutiendo la ley Impositiva que incluye, como ya se sabe, una disminución de esta alícuota para más de 100 actividades y, en caso de llegar a un acuerdo, se harán correcciones a esa ley.
El punto fuerte de discusión para Cornejo estará en otro lado. El planteo a los gobernadores fue que desistan de los juicios que tienen contra el gobierno nacional, unas 56 causas por más de $340 millones.
La provincia tiene dos demandas iniciadas en 2016 (y en simultáneo) por la retención del 15% de Anses y por los aportes del 1,9% para el funcionamiento de la AFIP.
Mendoza había propuesto, en la contestación de su demanda, la misma idea de derogación del artículo 104 de Ganancias que ahora propone la Nación en la causa por el reclamo de retribución del 15% de la Anses.
Ese planteo suma $8.000 millones y Cornejo no está dispuesto a resignarlos todavía. En Buenos Aires, le dijeron que solo tienen la "expectativa" de que ganarán ese juicio. Pero la realidad es otra: Santa Fe ya ganó un reclamo similar y la Corte avalaría el reclamo de otras provincias en sentido.
Cornejo se estaba preparado para esta pelea y no para del vino que, puesta en números, es residual y que además de arrinconar a los gobernadores contra la opinión pública, los deja frente a la disyuntiva de tener que resignar fondos en pos del "reformismo permanente".