Abastecimiento: una ley que daría amplio poder al Gobierno

Gracias a esta norma, el Poder Ejecutivo Nacional puede suspender las importaciones y exportaciones, regularizar precios y sancionar a quienes dificulten la provisión de productos clave para la ciudadanía. Ahora el Gobierno amaga con utilizarla, si el conflicto con el campo se agrava. En 2006, Néstor Kirchner la aplicó contra la petrolera Shell, que sufrió una multa de 23 millones de pesos.

Preocupa la falta de alimentos a raíz del largo paro del agro. Foto: NA
Preocupa la falta de alimentos a raíz del largo paro del agro. Foto: NA

La tensión por el conflicto que mantienen el Gobierno nacional y las entidades agrarias, ante el paro del campo que ya lleva 17 días y que ha comenzado a provocar la escasez de alimentos a partir de los cortes de ruta, ha llevado a que el Ejecutivo vuelva a amagar con disponer de una herramienta legal disuasiva: la ley de abastecimiento. Esta norma no sólo prevé la intervención directa de la administración central en diversos aspectos económicos, sino que además sienta castigos para todos aquellos que impidan que la sociedad puede abastecerse.

La norma 20.680 habilita al Poder Ejecutivo a suspender temporariamente las importaciones y exportaciones "para asegurar el abastecimiento o la prestación de servicios" y podría ser aplicada por Cristina Kirchner ante el recrudecimiento de las medidas de fuerza de los productores agropecuarios.

La llamada Ley de Abastecimiento fue sancionada en 1974, a pocos días del fallecimiento del entonces presidente Juan Perón, y en los últimos años generó polémicas entre numerosos constitucionalistas luego de que en 1991 su utilización fuera acotada por un decreto luego ratificado en el Congreso.

"Se suspende el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que solamente podrá ser restablecido para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Congreso", reza el texto del decreto firmado por Carlos Menem.

Sin embargo, a través del decreto 722/99, la saliente administración Menem reestableció las facultades sancionatorias de la Ley ante una huelga de camioneros; abriendo el debate judicial sobre su vigencia.

La norma prevé penas de prisión de hasta cuatro años y multas de hasta un millón de pesos para quienes dificulten la provisión de productos clave.

En ese marco, autoriza la clausura de un establecimiento por un plazo de hasta 90 días frente a una emergencia de abastecimiento.

Además, le da al Gobierno la posibilidad de fijar precios mínimos o de sostén o de fomento y precios máximos de comercialización; de rebajar o suspender temporariamente derechos, aranceles o gravámenes de importación, y de acordar subsidios o exenciones impositivas para asegurar el abastecimiento o la prestación de servicios.

También permite prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país.

La Ley de Abastecimiento fue aplicada en 2006 por la gestión de Néstor Kirchner contra la petrolera Shell, que fue castigada con una multa de 23 millones de pesos por "desabastecimiento de gasoil a diversas estaciones de servicio".