Entre las cataratas de anuncios navideños de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dio a conocer un aumento de 200 pesos para los trabajadores que cobren el salario mínimo, de $ 1.240 mensuales. Esta asignación especial, según la Presidenta, deberá ser pagada entre el 29 de diciembre y el 5 de enero.
Visto desde el punto de vista de los trabajadores, en realidad esa asignación les viene muy bien para cubrir sus necesidades, sobre todo por los mayores costos que generan los festejos de fin de año. Además, el salario mínimo es muy magro para los actuales costos de vida.
Pero, por la forma del anuncio, algunos creyeron que el pago lo hacía el Estado, cuando en realidad no es así. Esa asignación deberá ser pagada por los empresarios. ¿Quiénes son los empresarios que deberán pagar esta suma? Sin dudas, las Pymes y las minipymes.
Aclaramos esto porque las empresas medianas y grandes, en general, pagan salarios por encima del mínimo y, por lo tanto, no están comprendidas en esta obligación.
Para las empresas que deberán pagar, la situación es muy compleja. Las ventas de fin de año vienen muy por debajo del año pasado y arrastran caídas que comenzaron en noviembre. Las exportaciones están casi paralizadas y los que son proveedores de grandes empresas no reciben pedidos o los que llegan son mucho menores.
Hay que recordar que las Pymes utilizan mano de obra intensiva y que son los mayores empleadores, pero en la actual situación. De modo que, para poder pagar aguinaldos, deberían recurrir a créditos bancarios superiores al 40% anual.
Si a esto le agregamos la exigencia compulsiva de la Presidenta de pagar el adicional entre el 29 de siembre y el 5 de enero, se pone a las empresas en una situación muy complicada y en las puertas de conflictos con sus trabajadores.
Una medida populista de este tipo es una puñalada en el corazón de las Pyme. Una puñalada navideña de parte de quien le saca impuestos los que ganan más de 7.500 pesos mensuales. El criterio distributivo está bastante confundido.
Una puñalada navideña
La decisión presidencial de obligar a las pymes a pagar una asignación especial de $ 200 pesos a los empleados que cobran salarios mínimos, pone a las empresas en una situación muy comprometida y les genera potenciales conflictos, innecesarios, con sus empleados.
