Trabajo infantil: la cara más cruenta de un país en crisis

Entre las mesas de uno de los restaurantes de la coqueta calle Arístides Villanueva, dos jóvenes terminan el menú mientras charlan. Atenta cada una al discurso de su interlocutora, se miran mientras dan sorbos a la gaseosa que quedó a medias y picotean algo de lo que quedó en su plato. “Señorita, ¿necesitan medias?”, pasa el niño sin que nadie en el lugar advierta sobre su presencia. Ninguno de los comensales le compra. Tampoco le preguntan si está bien, o si desea, al menos un vaso de agua.

Juan José tiene diez años. Lleva una campera rota, las manos llenas de tierra y los ojos casi al borde del llanto. En una de sus manos sostiene una bolsa con varios pares de medias y zoquetes con dibujos y muchos colores. Cada par, asegura, cuesta 200 pesos y 500 los tres. Todavía sus ventas no han terminado y por lo que se nota, aún le queda un largo día de calle: “Mi mamá está a unas cuadras; ella también está trabajando”, cuenta Juan José a las tres y media de la tarde. Hasta esa hora solo ha comido una tortita raspada.

Lejos de lo que estipulan las leyes, normas y convenciones nacionales e internacionales que lo prohíben y condenan, el trabajo infantil en Argentina sigue vulnerando los derechos de una infancia que sufre. De hecho, Juan José ya sabe bien de qué se trata eso de relegar la inocencia para salir a pelear el día a día y volver a su casa con algo de dinero en el bolsillo. En su caso, asegura, la escuela es un lugar que le permite aprender, jugar con amigos de su edad y comer algo. Fuera de eso, todo aquello que es “normal” para un sector de las familias, en su realidad directamente no existe: ni ropa nueva, ni fiesta de cumpleaños. Juan José tampoco sueña con chapotear en la piscina de la escuela de verano o jugar con sus amigos a la play. Se conforma, dice, “con que sus hermanos y su mamá tengan comida esta noche”.

“Invisibles” y a la vista de todos

La realidad de la infancia en Argentina muestra su cara más cruda con solo recorrer las calles. En los barrios, es cada vez más común ver pasar las carretelas cuando empieza a oscurecer con pequeños que son llevados entre cartones y materiales que los recolectores juntan casa por casa para luego vender en las chacaritas. Las postales se completan con aquellos niños y niñas que golpean puertas con la sola intención de pedir algunos pesos, ropa, comida o calzado.

“Hemos visto a muchas mujeres grandes que salen con sus hijos a juntar cartones o salen a vender lo que pueden con los chicos porque no les alcanza. Acá, hay millones de necesidades y vemos que los chicos chiquitos están saliendo más a la calle para llevar una moneda a su casa. Por eso hay mucha deserción escolar”, cuenta Paola González, una de la mujeres que durante la cuarentena obligatoria decidió ayudar a las familias más necesitadas de los barrios San Martín, Flores y Olivares.

Cuenta Paola que al menos 200 niños y niñas se acercan al merendero todos los días y que muchas familias dependen del ropero comunitario del barrio para poder vestirse. “Muchos de ellos ni siquiera tienen ropa o útiles para ir a la escuela”, detalla la mujer y agrega que por el momento se encuentran realizando una colecta para recaudar elementos y distribuir entre las familias.

Nora Schulman es la directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Detalla que en los últimos dos años, la pobreza y la desocupación expulsaron a miles de niños y niñas a la calle. “En Argentina hay hambre. No es una sensación. Es una realidad; hay niños que no tienen para comer, que esperan que la gente les de algo de comida en la puerta de un supermercado o piden casa por casa. Repito; piden comida y la necesitan”, advierte Schulman al referirse a la problemática.

La presión de llevar dinero a la casa

Enzo, uno de los voluntarios del Oratorio San Felipe, que trabaja en terreno en el barrio 25 de Mayo de Maipú para colaborar con las familias que más lo necesitan, destaca que en general, las familias del lugar hacen lo posible para evitar que sus hijos salgan a trabajar. Sin embargo, aclara, que en un país donde “aún hay personas que no tienen agua ni comida”, las necesidades extremas tarde o temprano explotan: “desde muy jóvenes empiezan a sentir la presión de llevar dinero a su casa”, detalla Enzo y aclara que lejos de “vivir de los planes sociales” las familias en su mayoría hacen lo posible por salir adelante, emprender algo nuevo o encontrar un empleo. “Sea el caso que sea, siempre necesitan mercadería. Esto es real y lo tienen que resolver sí o sí. Siempre falta, nunca sobra”, resalta Enzo al alejarse de la estigmatización social que pesa sobre aquellas familias que reciben planes sociales.

Normas que no se traducen en la realidad

La Ley 26.390 de “Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente” fue promulgada en el año 2008 y prohíbe el trabajo infantil por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, establecida en 16 años. El grupo de adolescentes de 16 y 17 años goza de una protección especial referida a la cantidad de horas semanales permitidas y a la prohibición del trabajo nocturno y al que se corresponde con actividades que impliquen tareas peligrosas. Por otro lado, la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina (Nº 26061) es una de las madre “madre” que establece la obligación por parte del Estado para garantizar el derecho de la infancia al juego a la educación y a la salud, entre las prioridades esenciales.

Miles de niños, en el extremo de la marginalidad

De acuerdo a los últimos datos del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente de la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (que aborda la problemática del trabajo infantil en el marco de la pandemia), al menos uno de cada diez niños de entre cinco y quince años realizó alguna vez un trabajo (remunerado o no). Los datos toman como referencia la última encuesta que abordó el tema, entre 2016 y 2017. Como un modo de actualizar el panorama, el mismo informe retoma las conclusiones de una encuesta realizada por Unicef Argentina en abril de 2020, que representó (con valor nacional y regional) a más de seis millones de hogares en los que habitan casi 27 millones de personas de todo el país.

Entre sus conclusiones, la encuesta de Unicef advierte que al menos 60% del total de hogares encuestados sufrió una baja en sus ingresos; lo que equivale de decir que al menos 3.6 millones de hogares en los que habitan 15 millones de personas se vieron afectadas por la pobreza extrema en plena pandemia.

En materia de empleo, el informe detalla que un mínimo de 400 mil hogares vivieron en carne propia la pérdida de empleo. Se redujeron así, gastos en la alimentación que llevaron a “mecanismos de ajuste” dentro de los hogares que no dejaron de impactar entre los niños y niñas. En ese contexto, el impacto en materia educativa se hizo evidente: en Argentina, dos de cada diez niños, niñas y adolescentes atraviesan trayectorias educativas problemáticas, donde el trabajo infantil presenta la principal incidencia.