Tras la polémica por los dichos de Lilita Carrió acerca del pedido a la clase media y alta de dar "propinas" en estos tiempos de crisis, la diputada kirchenrista Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de las propinas, integrarlas a los ingresos de los trabajadores y otorgarles un carácter remunerativo.
Sin embargo, Vallejos, dijo que "inspirada en Evita", elaboró la iniciativa para que "el Laudo Hotelero y Gastronómico se constituya en un nuevo derecho de los trabajadores del sector" que deberá estar incluido en la factura final y equivaldrá como mínimo al 10% del monto total de la consumición correspondiente. La economista detalló en su proyecto que el laudo "recomendado adicional será del 5%. En la factura deberá constar de manera explícita la recomendación". En tanto, el cliente "podrá, a voluntad, pagar un laudo mayor al recomendado".
En otro tramo de sus argumentos, Vallejos resaltó que "en este contexto, de depresión del mercado interno y caída del consumo, esta ampliación de derechos que robustece los ingresos, no sólo viene a dignificar a los trabajadores del sector, sino que, además, contribuye a dinamizar la demanda y, por ende, a mejorar la dinámica macroeconómica".
Los antecedentes
Otro de los puntos es que establece que los ingresos por propinas "serán repartidos de forma semanal, equitativa y proporcional a las horas trabajadas, entre el conjunto de los trabajadores del establecimiento y tendrán carácter remunerativo".La iniciativa indica, a modo de compensación para el consumidor, que los hoteles y restaurantes no podrán cobrar un costo adicional en conceptos de "cubiertos, uso de mesa, o cualquier servicio equivalente".
En los fundamentos, la legisladora del FpV-PJ recordó que "el derecho que busca reponer (este proyecto) ya existió en nuestro país. El 4 de septiembre de 1945, por órdenes del General Juan Domingo Perón, Domingo Mercante firmó un Laudo Arbitral de la secretaría de Trabajo y Previsión que prohibió la propina individual de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, y estableció un sistema de retribución colectiva, proporcional a las ventas que se repartiría entre todos los trabajadores del establecimiento".
El 18 de febrero de 1946, el decreto-ley 4148 convalidó el Laudo Arbitral que luego la Ley 12.921 "elevó de rango". Sin embargo, en 1955, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y Eduardo Lonardi, se suprimió el laudo. Unos años después, en 1973, con el tercer gobierno peronista, el laudo fue repuesto. Hasta que la última dictadura cívico-militar dictó el decreto-ley 22.310 y en 1980 lo eliminó nuevamente.
Fuente: El Parlamentario