La muerte de más de una treintena de cóndores andinos en Malargüe puso nuevamente sobre el debate el uso de los agroquímicos elaborados con sustancias altamente tóxicas, que son relativamente sencillos de adquirir en numerosos locales de venta. Por ello, se aceleraron las tratativas para sancionar una nueva ley que regule fuertemente la comercialización de los agrotóxicos, proyecto que ya cuenta con media sanción y espera debatirse en febrero.
Ante la escasez de restricciones y controles, los agroquímicos basados en carbamatos (como el carbofuran) son vendidos 'libremente' en una variopinta cantidad de locales comerciales, desde empresas proveedoras de insumos agrícolas hasta 'agroveterinarias' rurales y corralones. Aunque las compañías especializadas cuenten con ingenieros agrónomos que asesoran a los productores en el uso de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, también existen muchos sitios donde se pueden comprar agrotóxicos sin ningún tipo de barreras ni asesoramiento.
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En ese sentido, quienes no sepan manipular correctamente los agroquímicos tóxicos, o lo hagan con intenciones ilegales, podrían provocar contaminación en el suelo, los cauces de riego y las napas freáticas, afectando la flora y la fauna, además de generar graves peligros a las comunidades cercanas a los sitios contaminados.
En realidad, existe en Mendoza una normativa que regula la fabricación y comercialización de agrotóxicos, bajo la Ley Provincial 5665 sancionada en 1991, pero nunca se aplicó en su totalidad. Entre otras cuestiones, la legislación creaba un Registro Provincial de Plaguicidas y Agroquímicos que permitiría supervisar y autorizar la venta de esos productos.
Sin embargo, la ley quedó vetusta y sin efecto, por lo que se necesita una urgente renovación que implique mayores controles enfocados tanto al expendedor como al comprador de agroquímicos. Por ello se impulsa la sanción definitiva de la Ley de Agroquímicos que prevé la trazabilidad de todos los eslabones de la cadena de comercialización de esos productos.
El secretario de Ambiente Humberto Mingorance explicó que la trazabilidad implicaría "saber quien vende, distribuye, almacena y compra agroquímicos", por lo que "vamos a tener un control y un seguimiento de esos productos de manera más precisa", dado que "hoy casi no hay un control por parte del Estado". Esto implicaría que Mendoza tenga una normativa de vanguardia a nivel nacional en esa materia.
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Lo novedoso del proyecto, que posee media sanción en el Senado y requiere su tratamiento en Diputados, es que prevé que la venta de agroquímicos de alta toxicidad sea "bajo receta", es decir, según indicó Mingorance en MDZ Radio, que "un ingeniero agrónomo determinará el tipo de producto y la forma de manipulación del agroquímico por parte del productor". Ese certificado establecerá, además, la identidad del comprador, que será el único autorizado para adquirir el producto químico.
Además, añadió el funcionario, la posible nueva ley regula "la gestión de los envases de los agroquímicos", un problema muy conflictivo que genera focos de contaminación, "dado que la gente no sabe qué hacer" con los bidones y los envoltorios: "Prevé una logística inversa, lo que significa que el envase sea devuelto a su local comercial de origen para que desde allí se pueda darle una mejor disposición".
Por su parte, el coordinador de Agroquímicos del Iscamen, Oscar Astorga, indicó que la iniciativa contempla tres formas de venta de los productos: solo prescripción técnica, receta archivada y sin receta. "La idea es que conviva el sistema clásico de soporte papel, y otro muy similar al de los fármacos", lo que permitirá "aumentar los controles para saber el destino de compra de los agroquímicos".
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De todos modos, Astorga consideró que las regulaciones legales "no garantizan por sí solas un debido uso de los agroquímicos". En su criterio, para efectivizar la gestión de estos productos, debe trabajarse en la capacitación a los productores, una variable que el Iscamen viene trabajando fuertemente: "La capacitación y el control son los dos grandes pilares del manejo adecuado de agroquímicos", subrayó en diálogo con MDZ.
Jennifer Ibarra, titular de la Fundación Cullunche, aseveró que esas restricciones "son un paso importante para controlar el uso de los agrotóxicos", por lo cual subrayó que la ONG ecologista estará "atenta" al tratamiento del proyecto en la Cámara baja.
De todos modos, Ibarra expresó su preferencia a que los 'agrotóxicos' compuestos de carburofan y otros carbamatos sean prohibidos en la Argentina, tal como sucede en otros países y bloques internacionales como Estados Unidos y la Unión Europea. Incluso aseguró a MDZ que Mendoza "puede hacer punta" en ese sentido, antes de una decisión proveniente de la Nación: "Si las autoridades quieren, pueden prohibirlos en la provincia, dado que es una potestad avalada por la Constitución Nacional".
"Hay cosas que se deben cortar desde raíz, sino vamos a seguir lamentando muertes", sentenció.
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Pero Astorga sostiene que "Argentina está dando ejemplos de prohibiciones sobre agroquímicos, como fueron hace unos años la metamidofos y metil azinfos", y manifestó que "hoy el mercado de carbofuran es muy pequeño y también va camino a ser eliminado", aunque aclaró que "esa decisión está a cargo del organismo rector, que es el Senasa".
"Mendoza podría prohibir el uso del carbofuran, pero en realidad son medidas con efectos relativos, porque el comprador puede adquirir el agroquímico en otra provincia e ingresarlo sin problemas. Por eso es preferible que haya una prohibición de alcance nacional", comentó.