La posible conformación de un grupo de expertos independientes que colabore con la investigación judicial de la desaparición de Santiago Maldonado, avalado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), será evaluada mañana por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Amerigo Incalcaterra, representante de la oficina regional en Sudamérica de ese organismo de Naciones Unidas.
En un horario aún a determinar, Peña e Incalcaterra hablarán este martes en Buenos Aires sobre la viabilidad de esa iniciativa destinada a reforzar la eficacia y la credibilidad de la investigación a cargo de la Justicia Federal de Esquel (Chubut), uno de los pedidos que la familia Maldonado formuló a través de sus abogados el pasado 29 de agosto a representantes del Gobierno nacional, confirmaron a Télam fuentes gubernamentales.
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Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, confirmó a su vez que esta tarde se reunió con la representación de Acnudh para insistir en que se conforme el grupo de expertos independientes a fin de "destrabar la investigación" judicial sobre la desaparición de Santiago Maldonado, a quien testigos dicen haber visto por última vez el 1° de agosto durante un operativo de Gendarmería en tierras de habitadas por familias mapuches del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en el noroeste de Chubut.
"Eso se definiría mañana (cuando se reúnan Peña e Incalcaterra), porque el Gobierno debe desde el 1° de septiembre una respuesta a nuestro pedido", sostuvo Heredia en declaraciones a esta agencia.
El martes pasado, a través de un comunicado de prensa, Incalcaterra había expresado la preocupación de la Acnudh por la "falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo" y pidió a las autoridades "realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas".
En el comunicado, la Acnudh reiteró su "disposición para colaborar y prestar la asesoría técnica" que los familiares de Maldonado y el gobierno argentino acordaron en la reunión que mantuvieron el 29 de agosto.
Experto quiere aportar datos de comunicaciones
Entre tanto, Ariel Garbarz, director del laboratorio de Seguridad de la Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), afirmó esta mañana que se negaron a recibirlo tanto el juez Guido Otranto como la fiscal Silvina Avila, que intervienen en los dos expedientes sobre la desaparición de Maldonado, uno por averiguación de paradero y otro con la hipótesis de desaparición forzada.
Según el experto, frecuente perito de oficio en causas judiciales, ambos magistrados rehusaron recibirlo en Esquel cuando pretendía entregar los resultados de un "primer trabajo de geolocalización" del celular que Santiago Maldonado tenía consigo el 1° de agosto y que aportaba "datos de antena y zona" donde fue activado durante 22 segundos el 2 de agosto pasado, es decir, un día después de su desaparición.
"Intenté aportar datos de antena y zona donde estuvo el celular de Maldonado el 2 de agosto, pero el juez y la fiscal no quisieron recibirme", aseveró el ingeniero electrónico y en comunicaciones, quien ayer viajó a Esquel para realizar esa tarea en calidad de perito de las querellas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
"La fiscal no me recibió ni me dejó aceptar el cargo de perito" pese a que el juez Otranto "respondió a la CPM y la APDH que me propongan como perito de parte, cuando estos organismos le pidieron que me designe como perito de oficio", dijo Garbarz a Télam y agregó: "Vuelvo a Buenos Aires indignado".
Canicoba Corral se apartó de la denuncia contra el Gobierno
En un tercer expediente, esta tarde el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, de la Capital Federal, se declaró incompetente para intervenir en la denuncia contra el gobierno nacional por el presunto encubrimiento a la Gendarmería en relación con la desaparición de Santiago Maldonado, dijeron fuentes judiciales.
En la causa originada en una denuncia formulada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, el magistrado se declaró incompetente "por resultar conexa con aquella en la que se investigan los sucesos atinentes a Santiago Maldonado", y remitir la denuncia al Juzgado Federal de Esquel, según el fallo al que accedió Télam.
Aunque la resolución de Canicoba Corral no puede ser apelada por los denunciantes, mientras no sean querellantes, si podría hacerlo el fiscal Federico Delgado, ya que al impulsar la denuncia del presunto encubrimiento consideró de hecho que la Justicia Federal de la Capital Federal tiene competencia.
El fiscal Delgado había solicitado a Canicoba Corral algunas medidas destinadas a establecer si tiene consistencia la denuncia de encubrimiento y también había recomendado que el juez Otranto sea apartado del caso porque fue él quien hizo cesar un corte de protesta en la ruta 40 con la intervención de la Gendarmería.
Maldonado, según testigos, fue visto durante el operativo de Gendarmería que el 31 de julio recibió la orden de Otranto de dispersar el corte en la ruta 40 y que el 1° de agosto incursionó durante varias horas en el predio habitado por familias del Pu Lof en Resistencia, entre esa ruta y el Río Chubut, rodeado por tierras de una compañía del grupo Benetton, que posee cerca de un millón de hectáreas en las provincias patagónicas.