El conflicto entre el Colegio Norbridge y la Dirección General de Escuelas se reavivó en las últimas horas, luego de que el organismo gubernamental decidió cortar la entrega de subsidios estatales al establecimiento privado. Las autoridades del colegio argumentan que se trata de una medida "intempestiva", mientras que la DGE asegura que tomaron esa decisión por las "inconductas sistemáticas" durante los últimos años, respecto a las irregularidades en los cobros de las cuotas y la no presentación de sus balances.
Los cortocircuitos entre el Norbridge y la actual gestión de la Dirección de Educación Privada de la DGE comenzaron en febrero, cuando el organismo derogó el Decreto 2572/15, firmado a fines del 2015 por el exgobernador Francisco Pérez, que le daba al colegio un carácter "excepcional" y le ampliaba los fondos para becas. En aquel entonces, las autoridades de la Fundación Ricart, propietaria del prestigioso colegio porteño, pusieron el grito en el cielo e interpusieron una demanda judicial que aún está en curso.
Pero este nuevo problema es más grave. Los directivos del Norbridge emitieron una nota a los docentes de la institución para anunciarles que, a partir del 1 de agosto, la DGE le cortó las subvenciones estatales. Calificando la medida de "intempestiva" y "sin anticipación alguna" ni "el debido proceso previo", el comunicado asegura que el organismo "no respetó los tiempos de la Justicia", haciendo referencia a la demanda judicial impuesta a principios de año.
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Debido a esta situación, las autoridades del colegio advirtieron que "la decisión de la DGE nos imposibilitaría la continuidad de nuestra escuela secundaria", que funciona con un alumnado totalmente becado, pero aseguraron que "la Fundación (Ricart) ha decidido terminar el presente periodo lectivo con recursos provenientes de otras jurisdicciones". Sin embargo, aclararon que se trata de "posponer" el "muy probable cierre total de nuestro secundario al 31 de diciembre del 2017".
"No perdemos la esperanza que esta situación se modifique, y que el Superior Gobierno Escolar de Mendoza (sic) asuma las obligaciones previstas en la Ley Nacional de Educación, y modifique estas decisiones unilaterales que ponen en riesgo un proyecto educativo que en Mendoza es único y necesario", cierra el comunicado.
Lo que argumenta la Dirección General de Escuelas
Sin embargo, en la DGE documentaron exhaustivamente su decisión. La quita de los subsidios al Norbridge se materializó mediante la Resolución 59-DEP-17, firmada por la directora de Educación Privada, Beatriz della Savia. En el documento, de siete hojas, se aduce que "el colegio notificó y cobró a los padres un valor de cuota superior al que se encontraba autorizada a cobrar", por lo que sus autoridades ya habían sido emplazadas el 8 de marzo de este año para revertir esta situación en un plazo de diez días, "bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el Decreto N° 2633/05 y complementario". Además se garantizó "la situación jurídica de la escuela" pese a la demanda judicial, garantizándose los subsidios correspondientes.
Por el contrario, los representantes legales de la Fundación Ricart interpusieron un "recurso de revocatoria" de la medida, sustanciado en el Expediente N° 2822-D-2017, pero que fue rechazado "sustancialmente" por la DGE en la Resolución N° 51-DEP-17.
Según la resolución, el 27 de junio, dos supervisoras llegaron hasta el Norbridge para constatar que el colegio haya cumplido con las disposiciones de la DGE. Sin embargo, las funcionarias constataron que el colegio "no ha cumplido con el emplazamiento" e incluso "cobra, en el ciclo lectivo 2017, valores finales de cuotas a los padres en montos no autorizados por la Dirección de Educación Privada".
Debido a esta situación, siempre según el texto oficial, se ordenó una auditoria contable al Norbridge y se detectaron algunas irregularidades y cuestiones llamativas. Primero, "no se observa que los últimos tres balances contables se encuentren presentado ante un organismo provincial", pese a que "se encuentran certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; segundo, que "la Fundación Ricart tiene un superávit promedio en los últimos tres ejercicios que asciende a $2.586.871,94"; tercero, que la misma fundación "posee inversiones en moneda extranjera que se han mantenido durante los últimos tres ejercicios"; cuarto, que "con respecto al pasivo el rubro más importante es el que corresponde a Remuneraciones y Cargas sociales, concluyendo que el 87,38% de la deuda a corto plazo corresponde al rubro Remuneraciones y cargas sociales".
Quinto, que "el listado de becas se encuentra por valores absoluto y no con porcentajes, lo que no permite determinar en forma clara si la escuela está cumpliendo con el porcentaje de becas que debe asignar de acuerdo a lo dispuesto en el art. 19 del Decreto N° 2633/05 y complementarios, ya que tampoco existe notificación fehaciente a los padres con respecto al otorgamiento de beca ni existe procedimiento para el otorgamiento de las becas"; sexto, se verificó que "a todos los padres del colegio se les cobra cuota en el mes de febrero, incumpliendo lo dispuesto en el art. 16 del Decreto 2633/05 y complementarios"; séptimo, se verificó que "a todos los padres del colegio se les ha cobrado durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del ciclo lectivo 2017 valores de cuota programática y extraprogramática superiores a lo autorizado para la institución por la Dirección de Educación Privada"; y octavo, se "verificaron algunas situaciones de facturación por montos que exceden notoriamente los rubros o conceptos que se pueden cobrar a los padres, tales como 'diferencia de cálculo', sin justificar".
En resumidas cuentas, la DGE denuncia que la Fundación Ricart - Colegio Norbridge "posee numerosos antecedentes en años anteriores donde se ha verificado que cobra a los padres valores de cuotas superiores a los autorizados por la Dirección de Educación Privada" y que, de hecho, "ha sido emplazada en reiteradas oportunidades a encuadrarse a las escalas de equidad vigente", medidas que han sido avaladas por Fiscalía de Estado.
Los antecedentes que cita el organismo datan desde 2004. Ese año, la DGE abrió el Expediente N° 5369-D-04 donde se determinó que en el Norbridge "facturan y perciben conceptos superiores a los declarados (en concepto de arancel y actividades Extraprogramática) a la Dirección de Educación Privada", dado que emitía más de una factura para justificar el excedente cobrado a los padres, lo cual entra en violación al artículo 14 del Decreto N° 313/85.
El 5 de julio del 2006, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen que avala la documentación de la DGE y advierte al Norbrigde que "deberá observar estrictamente lo prescripto por el Decreto Nro. 2633". Otras dos ampliaciones hechas el 28 de agosto del 2007 y el 26 de diciembre de ese mismo año emplazan a la Fundación Ricart a que se adecue a la normativa vigente.
Cinco años después, precisamente el 24 de agosto del 2012, la DGE vuelve a auditar las cuentas del Norbridge y, bajo el Expediente N° 8164-S-2012, deja en constancia las irregularidades detectadas en los balances: "Lo que se puede apreciar es que el sistema de pago de cuotas se realiza por el sistema de débito de cuentas del padre o tutor del alumno y en otros casos con cupones de pago ante entidad bancaria. En consecuencia, el padre hace el pago de la cuota educativa más el aporte a la Fundación Ricart en forma concomitante. El colegio emite los recibos oficiales por la precepción de la cuota de acuerdo a lo estipulado por el art. 16 del Decreto 2633/05".
"En muchos casos los padres no se hacen de los comprobantes dado que deben solicitarlos para que luego se lo remitan de Buenos Aires. Igual situación ocurriría con el aporte de la Fundación, que el padre debe solicitar el comprobante. No se pudo corroborar si los aportes a la Fundación son obligatorios, pero si se puede inferir que se realizan en forma regular y periódica", señala el informe.
Sin embargo, lo más grave es la misma situación que se había advertido en 2004: "Se constató el cobro de cuota programática y extraprogramática en un recibo y que ambos se ajustan a la escala de equidad vigente; paralelamente, los padres deben abonar un arancel a la Fundación Ricart, en recibo separado, pero con idéntico número de CUIT, sin especificar el concepto; existe un tercer recibo a nombre de otra Fundación 'Crearte', con otro número de CUIT, que según informe provisto por la Institución corresponde al servicio de Comedor".
En ese sentido, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE dijo entonces: "La Resolución N° 39-DEP-10 establece una excepción a la aplicación del régimen general comprendido en los arts. 5 y 6 del Decreto PEP N° 2633/05, que al tener naturaleza restrictiva, puede ser revisada, quitada o modificada. La autoridad de aplicación puede en cualquier momento merituar que subsistan las condiciones que motivaron la aplicación de la excepción al régimen general y adoptar las decisiones correspondientes. Por supuesto que cualquier decisión que se tome al respecto requerirá del correspondiente acto administrativo, suficientemente fundado, y dictado por autoridad competente. En este caso, la Dirección de Educación Privada puede dictar una nueva Resolución, quitando o modificando el otorgamiento de la excepción". Además solicitó la intervención de la Fiscalía de Estado.
Por ello, la DGE emitió dos resoluciones más (215-FE-2012 y 42-DEP-12) en las cuales establece un seguimiento continuo de las finanzas del Norbridge e intima a la escuela "a encuadrarse en lo establecido en el Decreto N° 2633/05 y complementarios en un plazo de 30 días a la fecha de la notificación.
El 11 de abril del año siguiente, la DGE volvió a auditar las cuentas del Colegio Norbridge por el primer trimestre del año 2013 y detectó que las autoridades no cumplieron una disposición de la Circular 10-DGE-2013, la cual manifiesta que "el Establecimiento deberá brindar la documentación cada vez que se requiera a los efectos de verificar la correcta aplicación de los fondos en concepto de aporte estatal, de las escalas de eficiencia y equidad y del porcentaje de alumnos. La constatación de la comunicación a las familias del aporte estatal que perciben y el valor máximo del arancel mensual, así como su publicación, serán objetos de supervisión y auditoría". También se descubrió que la escuela privada "no ha podido demostrar fehacientemente el monto de cuota que cobra por el servicio educativo", pese a que está obligada por recibir subsidios estatales, y tampoco se presentó un listado de los alumnos becados.
Para el 24 del mismo mes, la Dirección de Educación Privada "emplaza en 72 horas a la Fundación Ricart -Colegio P-PS 131 Norbridge" a que "de cumplimiento a lo solicitado en cuanto a la emisión de los recibos y demostrar el monto real que percibe por cuota programática, extraprogramática u otros conceptos, correspondientes a los meses de marzo y abril del corriente año" y solicitó el listado de los alumnos becados de cada sección y la comunicación efectuada a los padres de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2 del Decreto N° 2286/12.
En cada uno de los antecedentes, la DGE aseguró que "no hay constancia que la Fundación Ricart - Colegio Norbridge haya cumplido con el citado emplazamiento".
Podrían haber más denuncias
Esta sucesión de antecedentes reiterativos y no solucionados impulsaron a la Dirección de Educación Privada de la DGE a quitarle el subsidio al Colegio Norbridge. Della Savia señaló a MDZ que "hemos intentado que ellos se encuadren en la normativa vigente y normalicen su situación", y aseguró que "no hay una decisión arbitraria de nuestra parte", sino que "se trata de un trabajo que tiene mucha transparencia, realizado en equipo, y con un seguimiento de la situación".
"Ellos tienen una inconducta reiterativa en todas sus modalidades que data de hace varios años y nadie accionó para revertirla. Ningún colegio puede cobrar aumentos no autorizados ni exigir el pago de una cuota en febrero", añadió
En cuanto a la sanción, Della Savia reiteró que se trata de "un corte definitivo", aunque reconoció que la Fundación Ricart "tiene la posibilidad de imponer recursos revocatorios", tanto por la vía administrativa como judicial.
Pero la situación parece que no quedará en una mera sanción. Della Savia manifestó que la DGE presentará pedidos de denuncia ante la Fiscalía de Estado contra exfuncionarios del organismo de gestiones pasadas para que se investigue los grados de responsabilidad en cuanto a la inacción y el no cumplimiento de los dictámenes que la DGE y la propia Fiscalía habían ordenado, lo que podría incurrir no solo en un incumplimiento como funcionarios públicos, sino también, en caso que se compruebe, una malversación de fondos debido a que se siguieron entregando subsidios al Norbridge pese a no estar en regla.
La respuesta de la Fundación Ricart
Daniel Ricart, presidente de la fundación propietaria del Norbridge, aseguró a MDZ que las acusaciones contra el establecimiento escolar son "todas mentiras", lo cual "está siendo demostrado en la justicia", y consideró que "hubiera sido prudente, por parte de la DGE, esperar que un juez se expida sobre este particular antes de que tomara cualquier medida".
A diferencia de Della Savia, Ricart relacionó esta quita de subsidios con el litigio judicial entre el Norbridge y la DGE por la norma derogada. De hecho, justificó la serie de irregularidades enumeradas en la resolución al señalar que "ellos mismos ignoran la existencia del Decreto 2572/15 y pretenden incluirnos en una normativa que no nos corresponde".
Además, el presidente de la fundación apuntó contra Della Savia: "Es de pésimo mal gusto y una falta de respeto que la directora de Educación Privada suspenda el aporte en la mitad del ciclo lectivo, siendo que este problema viene de larga data y ya está judicializado".
Para Ricart, esto se trata de una "falta de previsibilidad jurídica en una provincia tan ordenada como Mendoza", y fue más allá al sostener que "es de una intolerancia suprema que en una democracia se castigue de esta manera a los chicos".
En ese sentido, manifestó que la quita de los subsidios y el futuro cierre del secundario gratuito "solo afecta a los docentes que trabajan con nosotros y a los chicos que asisten a la escuela y provienen de familias que no pueden afrontar el pago de una cuota". "Recurriremos a la justicia en defensa de nuestros alumnos y la fuente de trabajo de los docentes", añadió.
Finalmente, Ricart acusó al Gobierno provincial y a Della Savia de "estar practicando una política de intolerancia y hostigamiento con diez escuelas privadas que poseen proyectos educativos diferentes y de gran calidad, orientados a chicos de bajos recursos, buscando una forma de ahorrar dinero perjudicando a una escuela gratuita".
"Creo que Della Savia quiere estandarizar el sistema de aportes para colegios de baja calidad y para chicos con mayor capacidad contributiva. Es sospechoso que se quieran cerrar colegios privados gratuitos y sostener aquellos que sí cobran cuotas altísimas", concluyó.