Varios presos "ilustres" encabezan una huelga de hambre que ya lleva cinco días en el penal de Boulogne Sur Mer. La medida de fuerza involucra a 327 internos: 295 reclusos del Pabellón 5 y 32 del Pabellón 9 Sur. Estos pabellones albergan a aquellos procesados por delitos de violencia contra la mujer y abusos contra menores y se encuentran colapsados a partir de las numerosas causas por violencia de género que se vienen acumulando en los últimos meses.
En el Pabellón 5 quien encabeza la protesta es Daniel Zalazar (el triple femicida del Trapiche); mientras que en el Pabellón 9 sería el "Rengo" Aguilera (jefe de la barra de Godoy Cruz detenido por violencia de género contra su pareja) quien se encuentra al frente del reclamo.
Zalazar comparte pabellón con Roque Arroyo (el asesino de Ayelén); Horacio Corbacho, Jorge Bordón y Luis Ojeda (los acusados de los abusos en el Instituto Próvolo); Andrés Di Césare (el asesino de Julieta González), entre otros internos "famosos" por la resonancia de los crímenes de los cuales están acusados.
La medida de fuerza involucra a 327 internos: 295 reclusos del Pabellón 5 y 32 del Pabellón 9 Sur
El Pabellón 9 Sur, por su parte, estaba inutilizado y debió reactivarse para albergar a los detenidos por violencia de género mayores de 45 años. El "Rengo" Aguilera es uno de los últimos "inquilinos" del lugar y su interno más conocido.
El principal reclamo de los huelguistas es que se agilicen sus causas, que en muchos casos son por delitos leves y no ameritarían una detención. "Muchos detenidos son visitados por las mujeres que los denunciaron", ilustraron la situación desde el Servicio Penitenciario.
Críticas por las detenciones de violencias de género
El severo tratamiento que se les está dando a las denuncias por violencia de género, a partir de una decisión impulsada por el Gobierno y la Procuración General de la Corte, ha generado una situación de hacinamiento a partir de la gran cantidad de causas acumuladas desde la creación de la Unidad de Violencia de Género (1700 desde febrero).
El procurador general, Alejandro Gullé, negó las acusaciones de que se detiene a los acusados sólo a partir de la denuncia de la víctima, sin investigar lo ocurrido. "No se detiene sólo con la denuncia. Hay un equipo interdisciplinario (EPI) que realiza una evaluación de riesgo para la vida de la denunciante. Esa evaluación también se hace sobre el agresor. Si de esa evaluación se concluye que existe riesgo para la vida de la denunciante, es probable que el fiscal pida la detención de la persona. El EPI trabaja con pautas y protocolos internacionales, no de manera arbitraria", explicó Gullé.
"No se detiene sólo con la denuncia. Hay un equipo interdisciplinario (EPI) que realiza una evaluación de riesgo para la vida de la denunciante", aclaró Gullé.
Si no existe riesgo para la vida de la víctima, se recurre a otras medidas alternativas como la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento, entre otras. "No quiero que se produzcan más femicidios; somos la tercera provincia del país en cantidad de casos. Los fiscales no pueden dejar de detener porque exista hacinamiento en las cárceles. Nuestra responsabilidad es otra, vinculada a acelerar los procesos", concluyó el procurador.