Para quejarse o reclamar ya no hará falta papel. Como parte del plan de modernización del Estado en Mendoza, Defensa al Consumidor se suma a los organismos del sector público que incorporan el expediente electrónico, con el que se busca que el trámite fluya con mayor agilidad y seguridad.
De esta manera, la denuncia que ingresa a través de la Ventanilla Federal Única de Reclamos del organismo sea cargada con una codificación especial para resguardarla y poder darle un mejor seguimiento. Hasta ahora el armado del expediente era en papel.
Quien no pueda cargar una denuncia a través del sitio de internet o por otras razones técnicas, tendrá la posibilidad de presentar la denuncia personalmente, haciendo dos juegos de copias de los originales en su poder, cuando se trate de una sola empresa o entidad denunciada.
Para iniciar el trámite de denuncia es imprescindible completar el formulario en www.argentina.gob.ar/formulariodefensadelconsumidor y adjuntar pruebas de la relación de consumo y/o hecho denunciado.
Posteriormente, recibirá en su correo electrónico o mediante comunicación telefónica, la confirmación de inicio de la gestión, o el requerimiento de una prueba o evidencia necesaria. El trámite es gratuito y no se necesita contar con la asistencia de un abogado/a.
Para seguir de cerca el periplo del expediente se habilitó el sitio www.mesas-web.mendoza.gov.ar, donde se puede observar el paso a paso de cualquier pieza adminstrativa que se haya generado en el ámbito de la administración pública. Allí la búsqueda es por datos de la pieza, por documento, por cuit/cuil, o directamente por expediente electrónico.
La consulta en persona se hace en la sede central ( Pedro Molina 161, Ciudad), previo turno telefónico al 0800 222 6678 (lunes a viernes, de 8 a 15).
Reforma y modernización
La semana pasada, el Gobierno envió a Diputados el Proyecto de Reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo 3.909, que prevé una modificación integral para poder avanzar en la modernización del Estado. Esto incluye el expediente electrónico y todo el sistema de notificación y gestión de documentación electrónica como así también la emisión de actos administrativos con firma digital.
Según precisó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, "se apunta a reducir sustancialmente el sistema recursivo, que muchas veces es un camino de obstáculos para llegar a un solo recurso obligatorio y, de ahí, ir a una instancia judicial. Esto implica que el control administrativo, cuando uno no está de acuerdo, va a demorar no más de 5 meses e, inmediatamente, va a pasar a la órbita judicial si es que el administrado así lo quiere".
Esta ley de procedimiento administrativo se aplica a todo el Estado: a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios y entes descentralizados.