Todas las chacaritas, fundiciones y desarmaderos, incluso las transportistas que trasladen elementos de estos comercios, deberán inscribirse en un Registro de Comercializadores de Elementos y Materiales Usados, y además tendrán que contar con un libro oficial de "ingreso y egreso de mercaderías". Todo ello tiene como finalidad garantizar la legalidad tanto de estos locales comerciales como de sus productos.
Estas disposiciones surgen de la reglamentación de la Ley Provincial 7558, sancionada en el año 2006, que prevé la creación del Registro a fines de contabilizar todos aquellos comercios que comercialicen productos usados. Si bien la norma funcionaba, aunque a medias, la misma no estaba reglamentada, lo que ocasionaba confusiones y desorden a la hora de controlar las actividades de las chacaritas y los desarmaderos.
Cabe recordar que la compra-venta de usados es un sector comercial donde impera un alto grado de informalidad. De hecho, no es infrecuente que se realicen operativos policiales en desarmaderos, chacaritas y fundiciones para desbaratar "tapaderos" de actividades criminales relacionadas con robos, especialmente de vehículos.
Tanto la ley como la reglamentación establece que los comercios del rubro deben inscribirse en el Registro de Comercializadores de Elementos y Materiales Usados, previo el pago de un aforo por única vez, mediante la presentación de un formulario que los responsables del local tienen que solicitar a la Dirección de Defensa del Consumidor, organismo encargado del registro.
Como requisitos, los comercios deberán presentar el canon de Derecho de Inscripción; una Declaración Jurada, con el ticket de pago correspondiente; la Inscripción municipal que acredite habilitación; una Constancia Policial (en los casos que corresponda y los certificados de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Tributaria Mendoza (ATM). El registro deberá detallar, entre otros datos, el nombre de la razón social o del dueño de la empresa inscrita, su CUIT, domicilio y actividad declarada.
También se les exigirá a los comercios un Libro Oficial de Ingreso y Egreso de Mercadería, en el cual deberán asentar todos los movimientos de los productos que sean comercializados por el local, tanto su procedencia como su destino, detallando nombre, DNI o CUIT y domicilio tanto del proveedor como del comprador posterior. Este libro estará disponible también para los consumidores que quieran saber el origen del objeto que desean comprar, ya sea en los propios locales como en la página web de Defensa del Consumidor. Además es otro de los requisitos para acceder al Registro.
Mónica Lucero de Nofal, directora de Defensa del Consumidor, destacó que esta reglamentación "era importante" para "ordenar" el registro de las chacaritas, desarmaderos y fundidoras de la provincia. "Antes no había un registro claro y único de estos comercios, y en los operativos fuimos insistiendo a los locales para que se inscribieran, pero existían muchas dudas y desorden, por lo cual este registro viene a aclarar cómo deben presentarse ante nuestro organismo".
Estas identificaciones oficiales tanto de los comercios del rubro como de la mercadería que comercializan "garantizan a los consumidores que se sepa si el producto que van a comprar tiene una procedencia legítima y no que tenga origen en el delito".
De todos modos, Lucero de Nofal subrayó la necesidad de que los consumidores concurran a comercios que tengan sus papeles en regla, para combatir el delito: "Detrás de todo derecho hay una obligación y, en este caso, la obligación del consumidor es ir a comprar a un negocio que está en legal forma".
"Hemos tenido denuncias de gente que ha ido a comprar algo usado y no se le respetan las garantías, porque no les han dado factura y los comerciantes le han negado que lo hayan comprado en ese lugar", añadió. Por eso, enfatizó la funcionaria, "los comercios tienen que exhibir su registro junto con todas las otras indicaciones establecidas por la normativa".
Para Lucero de Nofal, los municipios son una "pata fundamental" en que la normativa se cumpla, por lo que se trabajará con éstos para verificar los comercios de compra-venta de usados, especialmente ante potenciales denuncias de vecinos, y brinden la información necesaria para que organismo pueda actuar. También anunció que se reforzarán los operativos en conjunto con el Ministerio de Seguridad, AFIP y ATM, y se hará hincapié en el cruce de datos con estas últimas dos instituciones como medida de control.
La directora de Defenda del Consumidor reconoció que en el rubro de usados "hay un alto grado de informalidad imperante" que debe ser reducido, lo que también ayudará a disminuir el delito y, por ende, la inseguridad. "Cuando se empezó a trabajar en la ley se consideraron dos factores: la informalidad del sector y el consumidor que no estaba acostumbrado a pedir factura, y el funcionamiento como 'fachada' para sacar productos de procedencia muy dudosa que no tenían forma de ingresar al mercado".