La Dirección de Educación Privada, que depende de la Dirección General de Escuelas, le quitó el cien por ciento del subsidio a una escuela privada de Luján de Cuyo, aduciendo que la misma incurrió en una serie de irregularidades administrativas y económicas, tales como que recibía el aporte estatal pero no le pagaban a los docentes; entre otras.
Sandra Coria, dueña del Colegio Juan Salvador P-238, ubicado en San Martín 5.166 del distrito lujanino de Mayor Drummond, denunció que la DGE le retiró el aporte económico que le permite sostener la institución, dedicada -según describió- a la "enseñanza común personalizada".
De acuerdo con lo que detalló, la escuela empezó a funcionar con 40 alumnos en 2.008 y, actualmente, tiene unos 200 estudiantes entre los niveles primario y secundario. "La escuela la inicié yo con un proyecto de enseñanza personalizada y atención a la diversidad en mi propia casa, como parte de un proyecto de tesis que presenté al hacer la Licenciatura en Gestión Educativa. Fue creciendo, hoy tenemos cerca de 200 alumnos, todos atendidos de manera personalizada", comentó.
Según señaló Coria, de los 200 estudiantes, cerca de un 30 por ciento padece de cierto déficit atencional y/o cognitivo por lo que no podrían asistir a escuelas convencionales, en cursos con más de 30 alumnos "porque se perderían", argumentó.
A propósito, denunció que con el cambio de Gobierno (de Francisco Pérez a Alfredo Cornejo), desde la DGE comunicaron que "no sumábamos la cantidad de alumnos por curso que ellos requerían. Nos decían que teníamos que tener entre 25 y 35 alumnos por curso", según recordó Coria, dejando entrever que con ese cupo difícilmente se podría enseñar de manera personalizada.
Bajo este panorama, la mujer dijo que presentó un recurso de amparo ante la Justicia y que esta esperando que ésta se expida. "Estamos pidiendo que se restituya el subsidio y que se pague el sueldo a los docentes, a quienes se les debe enero y diciembre", apuntó Coria, al tiempo que negó que esté evaluando cerrar las puertas del establecimiento educativo.
No obstante ello, deslizó que para poder seguir funcionando, luego de la disposición de la DGE, se vería obligada a poner una cuota de, por lo menos, 3 mil pesos.
Beatriz Della Savia, directora de Educación Privada, área que depende de la Dirección General de Escuelas, confirmó el quite del aporte económico al colegio en mención pero aseveró que la decisión se tomó porque la institución incurrió en ciertas irregularidades administrativas y económicas.
Entre éstas, la funcionaria puso énfasis en que el establecimiento recibía el aporte para pagar los sueldos de los docentes y, sin embargo, éstos no se abonaban; que el colegio funcionó (y funciona) en un lugar cuya infraestructura no está habilitada a tal efecto y que, entre otros desmanejos, no cuenta con profesionales con título correspondiente.
"A través de un acto administrativo de la Dirección de Educación Privada, confirmado por una resolución, se ha procedido al corte del aporte porque, en principio, reciben el subsidio del Estado conforme a una planta funcional docente que va a salario docente, se trata de fondos públicos que surgen de los impuestos que pagan los mendocinos. Hay que decir que toda institución de enseñanza pública de gestión privada recibe aportes públicos y una vez acreditado el aporte para salario, tiene diez días para presentar la rendición junto con el comprobante de pago de todos los aportes sociales que le corresponden al trabajador, el formulario 931; ahora bien, este colegio no venía rindiendo en tiempo y forma este aporte", descargó Della Savia.
"Trabajamos durante todo el 2.016 para que la institución regularizara esto. Tuvimos que hacer una suspensión transitoria en una oportunidad, condicionándolos a que se pusieran al día e igualmente no regularizaron estos pagos, por todo lo cual, en noviembre se definió el corte", confirmó la funcionaria de la cartera que comanda Jaime Correas.
De acuerdo con el testimonio de Della Savia, en dos oportunidades el colegio recibió el dinero (monto que no pudo precisar por no recordarlo) para pagarle a los docentes y no hizo las rendiciones correspondientes. De allí que, en noviembre de 2.016, se decidió el corte del subsidio a tal efecto.
"Definimos el corte del aporte porque son fondos públicos y nuestra misión es velar por la sana aplicación de estos aportes", apuntó la funcionaria de Cornejo.
Entre otras de las irregularidades encontradas, la funcionaria de Cornejo reveló que el colegio, habiendo informado que no cobraría cuota a sus estudiantes, terminó cobrándola y ofreciendo un recibo no oficial por el pago. "El decreto 2633/2005 regula el régimen general del aporte; ahí establece qué pueden cobrar y cómo y que tienen que dar recibo oficial. Esta escuela había decidido que no iba a cobrar cuotas a sus alumnos; ella (refiriéndose a Coria) definió que no cobraba cuota y así se los notificó a los papás y, sin embargo, se les cobraba una cuota y se les daba recibos no oficiales. Respecto de esto -aseveró- tengo denuncias de los padres, actas y recibos. Hemos hecho auditoría contable en donde se ha verificado todo esto", precisó Della Savia.
Seguidamente, aseguró que hay un sumario abierto en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGE por otras irregularidades en las que habría incurrido Juan Salvador, a saber: funcionar en un lugar sin la habilitación municipal correspondiente, no disponer de un director de primaria y contar con docentes que imparten enseñanzas sin tener títulos profesionales. "Además tenía un llamado de atención y apercibimiento de la directora privada de la gestión anterior por ocupar cargos directivos sin títulos y a su vez por cambiar el domicilio de la escuela sin pedir la previa autorización y sin contar con la habilitación", añadió Della Savia.