El juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo dispuso este jueves la extradición del ex concejal español Carlos Fernández Games (49), acusado de serios delitos contra el fisco de Marbella y que fue detenido en San Juan hace dos meses cuando llevaba 11 años prófugo.
El español está involucrado en la "Operación Malaya" abierta por el caso conocido en España como "Saqueo II", una megacausa que tiene una década y ya tuvo 90 detenidos por causas de corrupción, entre ellos la cantante Isabel Pantoja, condenada a dos años de cárcel por blanqueo de capitales.
Rago Gallo consideró que una de las causas por las que la justicia española pidió su extradición aún no prescribió, al tiempo que le impuso una fianza de 300.000 pesos para que espere el proceso en libertad.
Al ex concejal, perteneciente al Partido Regional Andalucista, se lo acusa de haber defraudado al estado español de Marbella y haberse fugado luego de tomar conocimiento de que era buscado por la Justicia de su país.
Llegó al aeropuerto de Ezeiza el 2 de julio de 2006, se radicó primero en la provincia de La Pampa, luego en Mendoza y finalmente recaló en San Juan donde se casó con una periodista y modificó su fisonomía, además de cambiarse el apellido a "Hernández".
En la provincia fundó una empresa de coaching ontológico con la que asesoró a varios políticos sanjuaninos, hasta que fue detenido el 15 de septiembre último en un operativo de personal de la Agencia Cuyo de la Policía Federal (PFA) como consecuencia de una investigación que incluyó seguimientos y tareas de campo en la zona.
Contra el ex concejal pesa un procesamiento por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude por presuntamente haber recibido 150.000 euros en sobornos.
Además, tiene otras causas por prevaricación urbanística y coacciones y una condena de dos años de prisión por malversación de bienes públicos, que fueron consideradas prescriptas.
El delito de malversación de caudales públicos por el que será extraditado es equiparable en ambos países y tiene una pena máxima de 10 años, lo que estira el plazo de prescripción a 2019.
Ahora falta saber si la defensa, a cargo del abogado Fernando Ramhé, apelará la decisión de Rago Gallo ante la Corte Suprema de Justicia, lo que puede demorar meses en resolverse.