La superficie deforestada en Argentina durante este año representa una sexta parte de la registrada en 2007, según informó hoy el Ministerio de Ambiente en una jornada con motivo de los décimo aniversario de la sanción de la Ley de Bosques.
Mientras en 2007 se talaron 600 mil hectáreas de bosques, en el transcurso de este año fueron 90 mil, y la reducción operada entre 2015 y 2016 fue de 14%.
No obstante, tradicionalmente la superficie anual deforestada en el país antes de la sanción de la ley "era de 300 mil hectáreas", y se disparó en 2007 "por la inminente sanción de la norma", explicaron desde Ambiente.
"En estos 10 años, la tasa de deforestación en todas las regiones ha venido disminuyendo, lo que no es sólo una consecuencia de la ley, pero claramente creemos que la ley tuvo algo que ver con esto", dijo Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable durante la jornada "Hablemos del bosque a 10 años de la ley"
El funcionario detalló que la ley "puso el tema de la pérdida de bosques en la agenda de discusión a nivel jurídico y también en la sociedad; y también creó conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso, de establecer nuevos instrumentos de regulación y mayores controles para la deforestación ilegal".
En diálogo con la agencia Télam, Moreno explicó que "esperamos que, con mecanismos de mayor fortalecimiento y mejor gestión, podamos sostener esta reducción en el tiempo".
"La deforestación a nivel mundial siempre ha ido de la mano de los precios de algunos comodities, y en el caso de Argentina se observa también en este período una relación entre ambos, pero también sabemos que hay una incidencia importante de la ley respecto a dónde ocurre esa práctica, a qué nivel y velocidad", agregó.
Sancionada el 28 de noviembre de 2007 y reglamentada 15 meses después, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos suspendió nuevos desmontes hasta que cada provincia realizara su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de forma participativa.
Ese relevamiento concluyó con "53 millones de hectáreas con alguna categoría" asignada de las tres establecidas (área de conservación de los recursos, de manejo sustentable de ésto o donde éstos pueden ser talados).
La ley también obliga a la autoridad de aplicación a pedir un estudio de impacto ambiental y convocar a audiencia pública antes de autorizar un desmonte; exige respetar los derechos de las comunidades de pueblos originarios y campesinos sobre los bosques que habitan; y crea por primera vez un fondo para la protección de los bosques con su propio mecanismo de financiamiento.
La norma estipula que este fondo destinado a "compensar a las jurisdicciones que conservan sus bosques" debe constituirse a partir de una partida anual "no inferior al 0,3% del presupuesto", y con el "2% de total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura y el sector forestal".
Moreno destacó que "es la primera vez que una ley ambiental establece un mecanismo financiero de la escala que lo ha planteado", para el cual fueron asignados este año 556.500.000 pesos y "la suma de lo invertido desde 2010 llega casi a dos mil millones de pesos" con "4.500 beneficiarios directos".
No obstante, el funcionario reconoció que las sucesivas leyes de presupuesto "no han contemplado esto (estas proporciones) en un 100%, pero estamos tratando de trabajar con la mayor eficiencia para que esos fondos que tenemos asignados se implementen en su totalidad y lograr una ampliación presupuestaria, como ocurrió el año pasado y este año".
Según la organización ambientalista Vida Silvestre, "entre 2010 y 2015 sólo se asignó a la conservación de los bosques nativos el 8,5% de lo que correspondía por ley".
"También tenemos que mejorar el sistema administrativo porque desde que se aprueba el presupuesto y los fondos están disponibles, en promedio se tardan entre dos y tres años para que esos recursos lleguen a un productor" que mantiene su propiedad forestada, dijo.
Durante la jornada se expuso sobre los ocho proyectos piloto en marcha de restauración de recursos forestales, de cara a un Plan Nacional de Restauración.