El fiscal del juicio que se le sigue en Tucumán al denominado "clan Ale" solicitó que se condene a los imputados a penas de hasta 13 años de prisión y que los bienes secuestrados en la causa, entre ellos más de 60 armas y 5500 proyectiles, sean entregados para su uso a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales de lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado.
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó que se condene a 13 años de prisión para Rubén y Adolfo Alé, como jefe de la asociación ilícita y lavado de activos, y penas de entre 4 y 10 años -pero como miembros de la organización- para María Jesús Rivero, Víctor Alberto Suárez, Fabián González, Roberto Oscar Dilascio y Ernesto Santos Catulo.
A su vez, pidió que se condene solo por asociación ilícita a Carlos Rolando Ocampos (7 años), a César Marcelo Manca (6 años) y a Sergio Francisco Parrado (3 años), mientras que solicitó 4 años y medio de prisión para Enrique Lorenzo Chanampa por ser miembro de la organización y responsable del comercio de estupefacientes.
Finalmente, para los otros cinco imputados, el fiscal Camuña solicitó penas de entre 2 y 5 años de prisión.
La semana pasada, la Unidad de Información Financiera (UIF) que también interviene en el juicio oral como querellante pidió penas de hasta 20 años de prisión para los 16 integrantes del clan.
"Se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década y de esas actividades se obtuvieron ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos", señaló el fiscal Camuña, quien estuvo acompañado por el fiscal ad-hoc Agustín Chit.
En su alegato, Camuña también pidió a los jueces María Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule que se revoquen las excarcelaciones que poseen algunos de los imputados ante el riesgo de fuga debido a la expectativa de pena que tienen los delitos que se les imputan.
También que se decomisen todos los bienes secuestrados durante la investigación del caso y que sean entrados a "las estructuras estatales provinciales y federales de lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado".
"Esta es una metodología en desarrollo, que se está utilizando a nivel nacional, fundamentalmente, en casos de decomisos en causas vinculadas al narcotráfico", sostuvo Camuña al fundamentar su pedido.
Según consta en el expediente, a los Ale les secuestraron 62 armas, 148 vehículos (entre camionetas, automóviles y motos), 46 inmuebles y más de un millón y medio de pesos que fueron incautados de las distintas cuentas bancarias que tenían los imputados.
El juicio al Clan Ale se desarrolló durante casi un año, contó con más de 40 audiencias en las que declararon cerca de 80 testigos y se estima que la sentencia se dictará el 18 de diciembre.