A diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, donde el cambio de Gobierno parece haberle dado un nuevo ritmo al trabajo de la Justicia Federal, en el Juzgado Federal Nº 3 destacan que la investigación por la "megastafa" por venta de IVA comenzó el año pasado y mucho tiempo antes de que asumiera la gestión actual. Además, aclaran que la causa que se lleva adelante en Mendoza y por la cual hay 11 imputados, nada tiene que ver con la investigación que se lleva adelante en San Juan y que complica a un intendente de esa provincia.
Así lo expresaron desde el juzgado que comanda el magistrado Marcelo Fabián Garnica, quien la semana pasada autorizó la realización de 25 allanamientos que arrojaron un saldo de 11 personas detenidas por la emisión de facturas truchas y venta de IVA. Todos ellos son investigados por posible Asociación Ilícita Tributaria, delito contemplado en el artículo 15 de la ley 24.769.
Desde el entorno de Garnica aclararon que esta causa no tiene puntos de contacto con la que el juez Leopoldo Rago Gallo encabeza en la provincia de San Juan y que salpica al intendente de Caucete, Julián Gil, y deja la puerta abierta a una intervención política. Mientras que en la vecina provincia vinculan los avances a un nuevo espíritu nacional, en Mendoza esgrimen que ya en octubre del 2015 se realizaron los primeros operativos.
En aquel entonces se imputó a cinco personas, de las cuales dos se encuentran prófugas de la Justicia: Pablo Prete y Sergio Arturo Delfino. Ambos son señalados como los líderes de la asociación ilícita y se enfrentan a penas que van desde 5 a 10 años de prisión. Mientras tanto, los otros tres imputados se encuentran en libertad, pero tienen prohibido salir del país.
En base a aquella investigación, durante la madrugada del jueves pasado se realizaron 25 allanamientos en distintos puntos de Mendoza y otras 11 personas quedaron a disposición de la Justicia Federal. Tres de ellos ya regresaron a sus hogares, mientras que los ocho restantes continuarán en la U32 hasta que cumplan los requisitos administrativos para poder dejar la dependencia judicial.
Todos están sospechados de formar parte de una organización de la cual dependía una "usina de facturas truchas". De todas maneras, en el juzgado de Garnica dan por hecho que el círculo no se cierra allí y confiesan que al ordenar los 25 allanamientos esperaban lograr más detenciones. Pese a ello, descartaron que existan filtraciones en la Justicia que permitieran alertar a los sospechosos.
Además, desde el juzgado federal subrayan que -a diferencia de lo que ocurre en San Juan- hasta el momento la causa no incluye nombres de funcionarios de la AFIP y advierten que tampoco empresarios de peso. "Al menos por ahora", aclaran.
Por último, advierten que debido a la cantidad de información que hay que procesar, es posible que sea una tarea que lleve tiempo.
Según datos dados a conocer por la AFIP en marzo del 2015, en el país podrían funcionar cerca de 11.200 usinas de facturas truchas como las que se han detectado en San Juan y Mendoza