Con cuentagotas, cada uno de los 11 detenidos tras el espectacular operativo de la AFIP en más de 20 allanamientos realizados el viernes en Mendoza recuperaron su libertad, aunque quedaron imputados por la Justicia Federal. Primero fueron dos y tras una demora, salieron los restantes 9.
Se investiga en Mendoza, San Juan y otras provincias la "industria de las facturas truchas". La causa fue originada en unas escuchas telefónicas a raíz de un caso de tráfico de cigarrillos desde Paraguay hacia Chile y la ramificación podría tocar a notables empresarios mendocinos. Están acusados del delito de evasión agravada contemplada en la ley 24769. Debido al monto de lo evadido -supera los $50 millones- la imputación fue agravada por el artículo 2 y el artículo 15. Se calcula que la estafa alcanza por lo menos los $57.803.000.
La causa, que continúa bajo secreto de sumario, sigue abierta y se presume que continuará la búsqueda de personas y documentación, ya que la búsqueda no habría resultado infructuosa. Esta especulación surge del cotejo de la información que ofrecen algunos eslabones jurídicos de la causa, habida cuenta de que el hermetismo judicial -a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica y el fiscal Fernando Alcaraz- es total. Esta misma situación es la que hace sospechar de que se estaría organizando una nueva redada.
Hay sospechas de que la fuga de información desde el Tribunal podría haber alertado a algunos de los cabecillas, que se encuentran prófugos y presumiblemente siguen las acciones desde Chile.
Las cuatro patas de la estafa
La "compra de IVA" fue -según múltiples testimonios- una práctica extendida en Mendoza y el país y representa una forma de evasión fiscal. Con más el agregado de maniobras complementarias, podría terminar en un blanqueo de dinero. En la "industria de las facturas truchas" participan cuatro patas: el que "necesita" evadir, la usina de facturas, las empresas fantasmas y el intermediario o "puntero" que se queda con un porcentaje de la maniobra.
Hasta ahora, los indicios judiciales dan cuenta que se habría actuado sobre los dos extremos, la parte más delgada del hilo: los "punteros" y los profesionales (contadores principalmente) de las generadoras de facturas. Por eso hay expectativa en torno a los que las requerían y a quienes constituyeron empresas fantasmas. No se han confirmado nombres, pero en los corridos de los Tribunales Federales se agigantas las versiones en torno a "empresarios de peso" presuntamente involucrados.
Los nombres
Si bien se indicó que las primeras pistas surgieron entre personal de la propia AFIP involucrado el año pasado, se desconoce que se haya actuado sobre ellos judicialmente y es más: la entidad habría felicitado a su personal por el éxito de un operativo en el que se movilizaron unas 200 personas por todo el Gran Mendoza, entre pesquisas de Tribunales Federales, agentes de la AFIP y gendarmes.
Recorrieron barrios privados de Capital y Godoy Cruz, y hasta hurgaron en un centro comercial al que estaría vinculado uno de los presuntos implicados.
Un contador con sede en el centro de la Ciudad de Mendoza, Pablo Prete, es sindicado como uno de los líderes de la organización junto a Sergio Arturo Delfino y una mujer que -de acuerdo a los indicios- presidiría una "consultora" a la que se sindica como "fantasma", que habría posibilitado las maniobras. La investigación se llevó adelante en 2015, cuando MDZ dio cuenta de ello y en el mes de octubre la Justicia ordenó la detención para los dos, pero ninguno fue capturado. En abril sus defensores solicitaron la exención de prisión, al considerar que este beneficio no entorpecería la investigación, pero fue negado por la Sala B de la Cámara Federal. Continúan prófugos.
En San Juan, la otra pata de la investigación, se señala como "los más complicados" a Eduardo Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari, "ya que están señalados como los cabecillas y esa figura penal impone un castigo de 5 a 10 años, es decir que no es excarcelable", según informó Diario de Cuyo. En tanto, en San Rafael se informó que Fornari "se encontraba refugiado en una humilde vivienda de Pueblo Diamante".
Por lo demás, no hay nombres que se hayan hecho públicos.
Escándalo que crece en San Juan
En San Juan la misma causa tiene ribetes escandalosos. Allí, tres empleados de la AFIP fueron detenidos por orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo porque serían los que ingresaban al sistema informático del ente recaudador para borrar deudas de contribuyentes de Mendoza y San Juan.
En tanto, otros dos sospechosos también fueron detenidos, aunque no trabajaban para el organismo nacional, por la sospecha de que ayudaban a los empleados a "fabricar" firmas apócrifas para evadir IVA o Ganancias, según precisó Diario de Cuyo.
La lista difundida por Diario de Cuyo -el medio que dio una nómina de involucrados- incluye a Manuel Francisco Montivero Miranda, Rubén Darío Falcón, Adrián Collado, Luis Alberto Alé y Andrés Julio Ayala. La piedra de la polémica es que Montiveros es el delegado gremial de la AFIP, con lo cual el impacto fue importante en la opinión pública.
Si bien no trascendió con exactitud la tarea que cumplían cada uno de los empleados de AFIP involucrados en el escándalo, se conoce que se dedicaban a labores administrativas en puestos clave. En la investigación se dedujo que usaban claves digitales para acceder al sistema y hacer desaparecer las deudas impositivas que arrastraban algunos contribuyentes.
La segunda maniobra era que el grupo estaba vinculado con la creación de firmas que simulaban ser prestadoras de otras empresas para fingir operaciones y luego comercializar el crédito fiscal obtenido, por ejemplo producto de tributos como el IVA y Ganancias.
Un intendente que no renuncia
El caso devolvió al escenario del escándalo al intendente massista de Caucete, en San Juan, Julián Gil. Ya había saltado a las portadas de todo el país por integrar un gabinete municipal íntegramente con familiares. Ahora -tal como lo destaca la prensa de la vecina provincia- fue aparecer vinculado con Pedro Bustos, "un exímio estafador, que ya había aparecido en el tapete, cuando lo acusaron de sustraer camionetas, comprar herramientas y no pagarlas y hasta un auto. Ahora Bustos apareció ligado a la banda que borraba deudas y hacía facturas truchas en la AFIP. En escuchas telefónicas, Bustos pide facturas truchas y en otras hasta solicita consejos para depositas '2 palos', del intendente".
Gil pidió en su perfil de Facebook: "Como Intendente del Departamento Caucete, quiero llamar a la reflexión, a la calma, a la paz y a la tranquilidad a todos los ciudadanos. No existe forma que la conducción política elegida por el pueblo de Caucete en un proceso eleccionario democrático, sea dañada. Tenemos un gobierno municipal fuerte, el cual no va a ser quebrado por opositores, como tampoco por personas que viven al margen de la ley. Todo aquel que haga algo ilícito involucrando a la Municipalidad de Caucete, será denunciado penalmente: como ya lo hemos hecho. Será la justicia, la que se encargue de ellos".
Sin embargo, desde el Concejo Deliberante se anunció que iniciarán el proceso de juicio político en su contra.