Una de las mayores tragedias viales de la provincia terminó prácticamente sin responsables. De los cuatro auxiliares de Policía que no evitaron el accidente vial entre un camión brasilero y un colectivo en 2014, sólo uno deberá afrontar una sanción económica de $2.000 y fue el único que quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, ni siquiera por un año, sólo por 8 meses. La esperanza para que el hecho no quede impune está puesta en la nueva investigación que se abrió para determinar el accionar del personal jerárquico. Cinco comisarios -alguno de ellos que se encuentran en disponibilidad- quedaron en la mira de la Justicia.
El siete de febrero del 2014 un camión de carga, conducido por el ciudadano brasileño Genesio Mariano chocó de frente contra un colectivo de larga distancia que provenía de Córdoba. En el hecho, 16 pasajeros fallecieron producto del incendio que se inició por el impacto de los vehículos, mientras que los choferes perdieron la vida en el acto. Para la Justicia quedó acreditado que funcionarios policiales fueron alertados al menos dos horas antes del hecho, pero todos los dispositivos de seguridad fallaron.
Por ese hecho, la jueza Dolores Ramón -quien preside el Juzgado Correccional III- determinó en su sentencia, absolver a Florencia González, una de las operadoras del 911, al considerar que por sus funciones en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) no tenía la postestad de despachar móviles para verificar la situación del camionero brasilero que conducía en estado de ebriedad y a contramano por acceso sur. El llamado llegó al menos dos horas antes del siniestro que se produjo a las 17.45 en la ruta 7.
La jueza Dolores Ramón absolvió a tres de los cuatro policías involucrados.
En tanto, para el caso de Alejandro Marcial Vega, otro de los operador, a quien se le reprochó no haber enviado un móvil policial, quedó absuelto por el beneficio de la duda.
En este caso la querella había considerado que Vega había cometido una negligencia, ya que no quedó registro del reporte oral que habría hecho al sector de cámaras para que monitorearan al camión, como tampoco al resto de las personas que supuestamente fueron informadas en forma simultanea.
La Justicia tampoco encontró que Ramón Exequiel Ríos, auxiliar de la Comisaría 25 tuviese responsabilidad en el hecho.
Fue uno de los que atendió al primer damnificado -Sergio Daniel González- quien sufrió daños en su vehículo por parte del camionero brasilero en Mitre y Bandera de los Andes. Según se probó en el debate, González llegó hasta la dependencia policial a alertar la peligrosidad que revestía el camionero extranjero para sí y para terceros. Pero por la burocracia no fue escuchado, como tampoco su alerta sirvió para salvar la vida de 18 personas.
Se abrió una nueva investigación para el personal jerárquico.
La sanción recayó en José Darío Torres quien debía tomar la denuncia y dejar constancia del episodio pero hizo esperar a González, según dijo en el juicio, “porque estaban muy ocupados”.
Torres hizo un reporte de lo sucedido varias horas después y cuando ya había ocurrido el accidente en la Ruta 7, a pedido de las autoridades.
La querella adelantó que apelará la sentencia por considerar insuficiente la multa de 2.000 pesos, cuando la máxima para este tipo de delito es de 12.000 pesos. También para ellos quedó acreditada la responsabilidad de uno de los operadores del 911.