"Reclamamos que nuestros derechos sean respetados". Esa es la principal consigna de dos hermanos que pertenecen al Servicio Penitenciario y se encadenaron frente a la Casa de Gobierno debido a que sus situaciones laborales no han sido resueltas luego de haber tenido licencias psiquiátricas y sin poder cobrar sus sueldos desde hace meses.
Andrea y Claudio Cappelloni son trabajadores del Servicio Penitenciario de Mendoza, hermanos oriundos de Santa Rosa y, luego de pasar los exámenes de ingreso, comenzaron a trabajar en las penitenciarias provinciales haciendo trabajos de vigilancia y asistencia a los internos. Sin embargo, a lo largo de las arduas jornadas laborales, sufrieron diversos episodios violentos que fueron minando la salud física y mental de ambos que, en mayor o menor grado, desembocaron en licencias psiquiátricas.
Sentada contra un poste de luz en la explanada de Casa de Gobierno, con una cadena alrededor de su estómago y un cartel que anuncia una huelga de hambre, Andrea explicó a MDZ su periplo que comenzó poco después de ingresar al Servicio Penitenciario, en 2011.
Trabajó en la Unidad III de la cárcel de mujeres de El Borbollón, donde tenía contacto con las internas. Allí padeció amenazas, insultos y golpes que le ocasionaron terribles secuelas psicológicas. A pesar de su derivación a San Felipe, los tormentos continuaron durante más de un año sin conseguir una ayuda oficial. Ante la falta de respuestas, decidió consultar a un psiquiatra particular que le remitió una licencia psiquiátrica, la cual fue corroborada meses después por una junta médica del hospital El Sauce, a pedido del CONI. Durante ese periodo, la agente y madre de cinco niños dejó de percibir sus haberes y entabló una batalla judicial contra las autoridades.
Cuando en febrero pasado recibió el alta definitiva, Andrea fue a la Dirección General del Servicio Penitenciario para presentar toda la documentación, le sellaron los papeles y la derivaron al CONI. Sin embargo, en la institución médica le dijeron que su expediente ya no estaba allí y la derivaron nuevamente a la Dirección General del SP. Al retornar, se llevó una desagadable sorpresa: le explicaron que "no le deberían haber aceptado los certificados" y que su caso había sido derivado a la Inspección General de Seguridad (IGS) sin darle más datos.
Ante la gravedad de la situación, el abogado de Cappelloni se presentó en la IGS, donde fue atendido por el secretario Diego Asensio. Según Andrea, el funcionario le ofreció una solución: aceptarle el alta médica pero sin reconocer los dos pedidos de la misma, la restricción a las internas y el cambio de función, e incluyendo un arresto entre 30 y 50 días por presuntamente haber presentado certificados fuera de término. "Ellos no me pagaron por muchos meses y no tenía cómo traerlos a Mendoza, esperaba a que se me juntaran dos certificados para hacer el viaje, siendo que no tenía plata y debía mantener a mis cinco hijos", se justificó Andrea.
Algo similar, pero mucho más violento, es lo que vivió su hermano Claudio. Cumpliendo labores en San Felipe y Boulogne sur Mer, el agente sufrió cortes, golpes e intentos de secuestro. En una ocasión le reventaron un vidrio en la cara, lo que le provocó un profundo corte en el rostro y astillamiento en su ojo izquierdo. Como su hermana, estuvo bajo tratamiento psiquiátrico durante tres años y hoy debe tomar cinco pastillas diarias.
"Quiero que me echen, ya no deseo ser más penitenciario. No me pagan, no me dejan que me jubile pero tampoco me echan. Solo pido que me saquen así puedo aunque sea tramitar la Asignación Universal para mis dos hijos. Tenngo una familia que mantener y ya no puedo vivir así", sentenció.
Por su parte, Andrea denunció que "(las autoridades penitenciarias y de la IGS) se pasan todo por donde ellos quieren y como somos funcionarios públicos siempre se tapa todo. Hay un montón de penitenciarios en situaciones similares pero no hablan por miedo".
"Estamos cansados de los abusos y abandonos de personas. A los delincuentes y corruptos se les dan todos los derechos y a nosotros no los respetan", subrayó.
Luego de atravesar todas las instancias posibles, los hermanos Cappelloni tomaron la drástica decisión de encadenarse para que sus reclamos sean visibilizados. Saben que su actitud no es sociablemente aceptable, por lo que piden disculpas a la gente, pero buscan conseguir un mínimo de comprensión a sus delicadas situaciones. "Pedimos que respeten nuestros derechos y que las cosas sean como deben ser", concluyó Andrea.
Lo que sucedió después
Casi al final de la charla con MDZ, en las últimas horas de la tarde de ayer, dos policías custodios de Casa de Gobierno se acercaron para decirles a los Cappelloni que funcionarios de la IGS iban a acercarse para hablar con ellos. Además fueron apareciendo más personas en el lugar, algunas curioseando y otras cuya función no estaba muy específica.
Poco después, cuando la noche ya había acaecido y en comunicación telefónica, Andrea reveló que había estado Asensio en representación de la IGS pero que, en vez de conciliar, "nos quiere sacar a la fuerza sin darnos una solución". Luego la situación fue tornándose más tensa, con más amenazas hacia los hermanos y un familiar que llegó desde Santa Rosa para ver cómo estaban.
"Nos seguían diciendo que nos iban a echar del lugar, cuestionando nuestro reclamo y atacándonos constantemente. Mi hermano se descompensó y decidimos irnos para evitar mayores problemas, pero no bajamos los brazos y continuamos nuestra lucha", detalló la mujer.
A modo de promesa, según Andrea, la IGS dijo que los recibirá hoy a la mañana para "buscarnos una solución pero revisando nuestros expedientes".
La respuesta del IGS
El director de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puerta, en comunicación desde Malargüe, dijo a MDZ que está al tanto del caso de los hermanos y explicó brevemente la situación: "Tienen expedientes abiertos por faltas e inasistencias injustificadas durante tres años, y ambos procesos están cerca de resolverse". Es por eso que los Cappelloni no cobran sus salarios pero aún figuran como penitenciarios, añadió.
Además confirmó que tuvieron sus respectivas licencias psiquiátricas y, como señaló Andrea, presentaron algunos partes médicos, pero aseguró que "luego se les terminaron las licencias y no volvieron a sus puestos laborales".
Con respecto al encadenamiento, Puerta señaló que "deberán explicar lo que hicieron, ya que siguen siendo funcionarios públicos".