La Justicia de Garantías ratificó la nulidad del pedido de sobreseimiento a los funcionarios de Desarrollo Social, que estaban al frente del caso de Luciana Rodríguez, la pequeña que perdió la vida en 2014 por los golpes que le propinó su padrastro.
La responsabilidad penal de los ex funcionarios de la Dirección de Adolescencia, Niñez y Familia, (DINF), aún empleados del Estado, sigue pendiente para la Justicia.
El juez de Garantías Aníbal Crivelli dio luz verde al pedido de nulidad al sobreseimiento que había planteado la fiscal Claudia Ríos.
La fiscal de Delitos Complejos fue apartada hace unas semanas del caso porque ya llevaba dos años al frente de la instrucción sin resultados. Por otro lado, su fundamentación a la hora de imputar y elevar a juicio abrió discrepancias entre la Cámara Penal y la Justicia de Garantías que actuó en el caso.
Claudia Ríos fue apartada de la investigación por el crimen de Luciana.
Ahora, el nuevo fiscal Juan Manuel Bancalari tiene el campo libre para evaluar qué imputación les cabe a Fernando Herrera, quien se desempeñaba como Director de Protección de Derechos, a los operadores del Organismo Administrativo Local (OAL) Rafael Vizcarra, Mónica Castro y Vanina Consina, y a la psicóloga Fabiana Lucentini.
El fiscal del Delitos Complejos había solicitado que se revocarán los requerimientos realizados por su par, Claudia Ríos.
El planteo del sobreseimiento fue rechazado por el juez de Garantías y por la querellante de la causa Graciela Cola, quien representa a la familia de la pequeña Luciana.
A partir de ahora, Bancalari revisará la investigación y puede ampliar alguna de las pruebas en contra los funcionarios que se desempeñaban en la DINAF para establecer si hubo o no incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La abogada querellante fue consultada sobre el nuevo giro que tomó la causa y se mostró satisfecha con la separación de Ríos, “porque no sólo había requerido desvincular a los funcionarios del caso, sino que nunca explicó si para ella hubo o no abandono de persona, algo que nosotros solicitamos investigar acabadamente”.
Ríos había solicitado la elevación a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público –crimen excarcelable- pero el juez de Garantías le devolvió el expediente solicitándole que se expida sobre el delito de abandono de personas que si es condenado de 5 a 10 años de cárcel.
La fiscal sólo argumentó por el incumplimiento de los deberes de funcionario y no sobre el abandono de personas, en el que tendría que haber demostrado que hubo una intención de causar la muerte. Aunque la cadena de omisiones tanto desde la DINAF como de la Policía son suficientes para demostrarlo según la abogada de la familia de Luciana.
El crimen de la nena tiene dos condenados, su madre Rita Evelyn Rodríguez y su pareja, Jorge Orellano, ambos con prisión perpetua. Pero el caso aún tiene interrogantes abiertos sobre la responsabilidad del Estado para velar por un menor en riesgo social y cuáles son las consecuencias cuando falla.