La Defensoría del Discapacitado se presentó como querellante en la causa contra los sacerdotes del Instituto Próvolo (y otros dos trabajadores del colegio) que abusaron sexualmente de alumnos hipoacúsicos. Si la Justicia les autoriza intervenir, la estrategia será garantizar la escolaridad de los niños para el próximo año.
El defensor Juan Carlos González explicó que "desde un principio se actuó de oficio" pero ahora se pretende ingresar al expediente en representación de todas las personas discapacitadas.
En un principio se intervino para "salvar obstáculos que siempre puso la Justicia" como las dificultades de las personas sordas para declarar, a los efectos se puso a cuatro intérpretes para que actuaran como intermediarios cuando los niños estuvieran habituados al lenguaje de señas, y en los casos en que esto no sucedió, se aceptó la declaración de los padres, quienes evidenciaron los cambios de humor que sufrieron los menores víctimas de los abusos.
También fue una preocupación de la defensoría, que los niños terminaran el ciclo educativo para lo que se determinó que quienes quisieran asistir lo harían con garantías: "se resolvió la intervención a los docentes del Instituto, durante los días de clase, y se puso a disposición un equipo de contención psicológica". En los casos en los que los padres prefirieron no enviar más a sus hijos se resolvió no computar las faltas, porque el ciclo lectivo ya estaba prácticamente cerrado al momento en el que se destapó el escándalo.
En adelante la estrategia consistirá en pedir que la congregación sea apartada del Instituto, y que se done el edificio a la Dirección General de Escuelas. Esto, atendiendo a que existen muy pocas instituciones que puedan prestar el servicio educativo a los niños sordos.
Igualmente el defensor explicó que se está trabajando para que esto sea una propuesta formal, y para ello participarán todos los actores involucrados, la DGE y las organizaciones de sordos de la provincia. "La congregación se tiene que ir, no puede seguir al cuidado de niños, y entiendo que tienen que hacer entrega del predio a la DGE", apuntó el defensor.
González consideró que esta causa no debería parar durante el verano (feria judicial). Actualmente se trabaja en las "sanciones penales" que le caben a todos los responsables, los que fueron detenidos y los que no, luego se podrá ir incorporando a la causa el pedido de los padres por posibles resarcimientos hacia las víctimas.