La justicia hizo lugar al reclamo de las personas trans detenidas para proteger sus derechos y dignidad durante las requisas penitenciarias.
El Juez Nacional en lo Criminal Hernán Martín López hizo lugar a un habeas corpus colectivo correctivo para proteger los derechos de personas trans detenidas en Complejos Penitenciarios Federales y le comunicó al Director del Servicio Penitenciario Federal y al Director del Servicio Central de Alcaidías del Servicio Penitenciario Federal que en el plazo de cinco días hábiles deberán arbitrarse los medios necesarios.
El fallo estipula que en el caso de que resulte necesario practicar requisas personales en forma invasiva, sean practicadas exclusivamente por personal penitenciario profesional de la salud, médico y/o sanitario.
En casos de necesidad fundada, cuando sea necesario practicar un registro táctil sobre los requisados, se haga sobre las prendas de vestir y prescindiendo de los desnudos totales y parciales, previa consulta a la persona involucrada respecto de su preferencia sobre la identidad de género de quien lo llevará a cabo, respetando en todo momento la intimidad del requisado.
En situaciones en las cuales deba procederse al examen físico para constatar lesiones deberá garantizarse la participación exclusiva de personal médico o sanitario y sólo en la cantidad estrictamente necesaria para llevar a cabo la diligencia; la prohibición de desnudos íntegros y parciales; la consulta a la persona involucrada respecto de la preferencia sobre la identidad de género de la persona que hará el examen y la disposición en el ámbito de la unidad penitenciaria de un espacio adecuado que resguarde la privacidad del acto de requisa.
El juez también le dió a los funcionarios penitenciarios 5 días hábiles para que respondan sobre la posibilidad de implementar medios tecnológicos que puedan suplir la necesidad de realizar requisas corporales a los internos, como ser mediante el uso de "scanners" o aparatos electrónicos que se adecúen a los más altos estándares en materia de salud; y sobre la elaboración de los protocolos de ingreso específicos para el tratamiento de detenidas trans.
La resolución responde a una presentación conjunta de tres áreas de la Defensoría General de la Nación y reconoce que las requisas a este colectivo realizadas en las Unidades 28 y 29 -Alcaidías del Palacio de Tribunales y Comodoro Py- "constituyen formas de violencia de género, agravadas por ser perpetradas por funcionarios del Estado contra personas que se encuentran bajo su custodia y en situación de especial vulnerabilidad".
(Télam)