El abogado de Argentina Maternity, Juan Pablo Rojas Pascual, habló esta mañana con MDZ Radio y explicó el motivo por el cual la institución destinada a realizar tratamientos de fertilidad decidió cerrar sus puertas. "La Justicia penal no entiende y hay funcionarios que no están preparados para esto", sostuvo el letrado, que se quejó de los prejuicios que existen sobre el alquiler de vientre.
"Entiendo que a la gente, los funcionarios y la Justicia les parezca sospechoso, pero la única explicación es que se trata de prejuicios", remarcó Rojas Pascual en el programa "Uno nunca sabe". "Nosotros entendemos que no existe impedimento legal y que todo se hace conforme a la legislación vigente", advirtió.
En cuanto al caso de los dos ciudadanos chilenos que fueron demorados en el aeropuerto cuando intentaban volver a su país, el representante legal adujo que hubo una actitud homofóbica hacia ellos. "Les ha parecido raro que dos hombres lleven una bebé en brazos", adujo.
Al ser demorados, surgieron versiones cruzadas sobre la gestación de la criatura y uno de los demorados dijo que la criatura era fruto de las relaciones que había mantenido con la madre de la niña, algo que fue descartado por la fiscal Claudia Ríos, que investiga el caso. "Hay que entender que cualquier papá de bien va a hacer lo que sea por su hija. Mintió ante el temor a los prejuicios sexuales y el miedo de que le puedan quitar a su hija", justificó Rojas Pascual.
Por otro lado, admitió que si bien no ha tenido acceso al expediente, se habla de una contraprestación de 200 mil pesos por la gestación.
"Los autores mas prestigiosos de derecho en esta materia admiten que es justo que la gestante reciba una compensación económica por su participación en el proceso. Eso no quita que sea altruista", subrayó Rojas Pascual.
En este sentido, manifestó que a la madre de la criatura se le pagaron el equivalente a tres sueldos básicos por mes.
Cierre de Argentina Maternity
En cuanto al cierre de Argentina Maternity, Rojas Pascual aclaró que entienden que "no se puede trabajar bajo este tipo de sospechas".
"El problema es que hemos visto y sentido en carne propia el acoso de algunos periodistas y de la Justicia, que han criminalizado estos tratamientos de fertilidad", explicó.
"No nos parece adecuado trabajar así, sabiendo que, por las dudas, todos los gestantes van a terminar citados por la Justicia Penal", concluyó