#NiUnaMenos es la consigna de hoy, el grito que llevara a miles de personas a las calles del país para manifestarse contra los femicidios y exigir que el Estado se responsabilice de la protección integral de las mujeres.
Justamente sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la aplicación de la ley 26.485, sancionada en el 2009, el grupo Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), realizó un monitoreo en diez provincias del país.
Esta ley, denominada “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, se inscribe en el proceso de adecuación de la legislación interna a los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos de las mujeres suscriptos por el Estado Argentino en la década del 90.
Provincia de Buenos Aires, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta, Santa Cruz, Corrientes y San Luis son las provincias en las que Mumalá realizó el relevamiento, abarcando desde abril del año 2009 (mes en que se aprobó la ley) hasta agosto del año 2014.
El grupo Mumalá concluyó respecto de lo sucedido en estos seis años desde la aprobación de la ley que el panorama es poco alentador. “La aplicación de esta ley sigue sin llevarse a cabo en todo el territorio nacional, y los recursos con los que cuenta el Consejo Nacional de las Mujeres, como su órgano de aplicación, son ínfimos”, señala el grupo Mumalá en el informe “Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina”, que reproducimos completo más abajo.
De acuerdo a lo observado por el grupo, la problemática de la violencia de género no ha ocupado un lugar relevante en la agenda política, es decir que la existencia de la normativa no se tradujo en una práctica concreta de protección de la mujer.
“En tanto no se planifiquen y ejecuten políticas públicas de manera activa la incidencia de la ley en la calidad de vida de las mujeres seguirá siendo insuficiente. El último censo poblacional realizado en el año 2010, arrojó que las mujeres somos más del 50% de la población, pero las políticas públicas destinadas a garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, son insignificantes”, dice Mumalá en otro párrafo de las conclusiones de su informe, en el que también destaca la falta de “estadísticas oficiales y registros unificados que nos permitan tener una magnitud cierta de la problemática de la violencia contra las mujeres y de sus características”, lo que dificulta la generación y aplicación de políticas públicas al respecto.
La Justicia y la posibilidad de acceder a ella siendo mujer violentada, el déficit de casas refugio en todo el país, “inclusive en algunos casos se contabiliza dentro de éstas a plazas hoteleras” y la falta de articulación entre las instituciones y recursos locales a los que hacen las derivaciones son otros puntos en cuestión en el informe.
“Los avances conseguidos en materia legislativa deben plasmarse en la realidad de las miles de mujeres a las que se les niega el ejercicio pleno de su ciudadanía. Para esto es fundamental la decisión política que asuman nuestros/as gobernantes, como así también el rol que juguemos las organizaciones de mujeres, protagonistas principales de los avances conseguidos. Tenemos un largo camino por delante”, concluye Mumalá.
Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina