Sebastián Solé pretendía ser el Omar Suárez mendocino. Un "causi" empresario de la noche. En su negocio Pyme Vip se promovía el comercio sexual, pero apuntando a una clientela selecta. Por años funcionó con la complicidad de las fuerzas de seguridad y de otros organismos, hasta que una presunta víctima que llegó de Buenos Aires para trabajar como recepcionista encontró que en 25 de Mayo al 114 no sólo se ofrecían bebidas alcohólicas y un espectáculo de stripers, sino que algo más sucedía.
El licenciado en Sistemas enfrenta una acusación por trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que está tipificado bajo la Ley 26.842 y que condena "al que promueva o facilite la prostitución con una pena de 4 a 6 años de prisión, aunque mediara el consentimiento de la víctima".
El jueves, su estrategia será cuestionar la interpretación de esta norma en el caso de Pyme VIP y rebatir los alegados de la querella -a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF)-, que pidió 14 años de prisión efectiva.
"Mi cliente no niega haber sido empresario de una actividad que puede ser vista como inmoral pero que nada tiene que ver con el delito de trata", indicó Maximiliano Legrand, abogado de Solé.
En diálogo con MDZ, el abogado anticipó: "Haremos fuerte hincapié en que no se dan las condiciones para que se configure la trata de personas".
Y agregó: "En primer lugar, porque no hay una captación, las mujeres llegaban por propia voluntad y se retiraban cuando ellas querían. No había trasladado, que es otro de los elementos. Las chicas eran o estaban radicadas en la provincia y una vez que terminaban su horario se iban. Por último, no eran engañadas. Se les ofrecía una serie de trabajos en Pyme y elegían la prostitución porque era el más rentable".
Sebastián Solé.
En ese sentido, Legrand apeló a los casos testigos, "donde las víctimas de trata son captadas en su lugar de residencia y trasladadas a toda provincia, bajo engaño y separadas de todo vínculo para generarles una situación de indefención".
Uno de estos casos es el de Natalia Barros (29), que fue raptada en Buenos Aires y trasladada a Neuquén por una red de trata.
La opinión pública también conoció historias como la de Graciela Cañate, quien fue secuestrada en Buenos Aires, drogada, violada, obligada a ejercer la prostitución y a no comer por varios días en un burdel de Gualeguaychú.
A partir de estos antecedentes, Legrand pedirá que el dueño de Pyme VIP sea multado económicamente por una infracción a la Ley de Profilaxis, norma que fue dictada en 1937 y aún está vigente.
La misma contempla penas para aquellas personas que abran casas o locales donde se ejerza la prostitución.
Pidieron 14 años para Solé
El viernes al mediodía, la UIF solicitó 14 años de prisión efectiva para el dueño del prostíbulo por el delito de trata con fines de explotación sexual. Mientras que para su mano derecha y encargada de atender el local, Paola González, solicitaron 10 años.
En tanto, para Cristian Alfredo Prado, responsable de comprar las bebidas y hacer el mantenimiento del edificio, pidieron 8 años, al igual que para el inspector municipal Raúl Cuquejo.
Para el ginecólogo Osvaldo Pastorino Garay, por haber practicado dos abortos, pidieron 8 años de prisión y 16 años de inhabilitación del ejercicio de la profesión.
Además, para los policías Ángel Arias y Nelson Bravo, inhabilitación perpetua y 8 años de condena, y para los patovicas Sergio Cardelo, Saúl Segura y Sergio Carvelli, 4 años.
Por último, para el esposo de una de las víctimas, Gustavo Torres, propusieron 8 años de condena.
"Para nosotros quedó probado que Sebastián Solé se enriqueció utilizando a la mujer como mercancía y montó toda una estructura para garantizar su impunidad", concluyó Alejandro Montiel, abogado del equipo de la UIF.