El Paso Portillo Argentino sigue generando conflictos, desde que el gobernador anunciara que se estaba avanzando en su "acondicionamiento", hasta la fecha se han escuchado todas las versiones posibles.
Ambientalistas le reclamaron al mandatario por "destruir el patrimonio mendocino", y empresarios locales le adjudicaron supuestos intereses económicos para hacer llegar los vehículos de doble tracción hasta el paso. Pero resulta ser que podría no ser patrimonio de los mendocinos, sino de unos pocos que aseguran tener la documentación para probarlo. ¿Puede intervenir la Justicia para aclarar responsabilidades y determinar propietarios?
El fiscal de Estado de la Provincia, Fernando Simón, explicó que hasta el momento no existe ninguna denuncia que implique la actuación de la Justicia en este caso.
Simón se refirió a la nota de MDZ; "Los intereses en juego en Paso Portillo Argentino", y señaló que aparentemente "se trata de un conflicto entre privados", aunque agregó que si se probara que hubo alguna falla en las actuaciones de catastro, o de otro organismo provincial, en cualquiera de esos casos, deberá intervenir la fiscalía de Estado.
Hasta el momento, quienes aseguran ser propietarios deberán hacer denuncias penales, y en tanto no se denuncia al Gobierno, se tratará de un conflicto entre privados, tal y como insistió Simón.
El Portillo
El 18 de Marzo, el gobernador Francisco Pérez publicó: "En un hecho histórico, las máquinas de Vialidad Provincial alcanzaron los 4mil metros de altura llegando a El Portillo".
El mandatario provincial se refirió a esto como un "avance estratégico en las obras de este esperado Paso", y compartió imágenes de las obras. Esto desató la polémica por parte de organizaciones ambientalistas que criticaron al mandatario por destruir una zona que es patrimonio histórico de la Provincia.
De todas maneras, las obras se proyectaron en noviembre de 2013, de acuerdo con las declaraciones del titular de Prensa de Vialidad Provincial, Dario Celayes al Cuco Digital, quien aseguró que en 15 días, a partir de ese momento, se comenzarían a planificar los trabajos y mejoras.
Siete días después, los diarios mendocinos se hicieron eco de una publicación de Facebook, en la que se aseguraba que "el Gobierno de Mendoza ha destruido un sitio histórico invaluable: la Ventana del Portillo Argentino en Tunuyán".
Ese mismo día, el 25 de marzo, un funcionario de Vialidad le confirmó a MDZ que lo que se hizo fue "quitar material de arrastre", y al día siguiente el titular de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, Daniel Gómez, declaró que se trabajó en la zona sin la autorización correspondiente.
El mismo gobernador desacreditó al funcionario, y consideró que Gómez estaba desinformado. Francisco Pérez aseguró que el paso histórico no fue dañado y acusó de mentir a personas "que tienen intereses económicos en el lugar", los mismos que cobran por hacer paseos a caballo, y que al acondicionarse el paso perderían su negocio, porque los particulares podrían ascender en automóvil.
Luego de estos conflictos entre ambientalistas y el gobierno, resurgieron peleas por la propiedad de las decenas de hectáreas que conforman el pasaje histórico y sus tierras fronterizas. En el lugar operan empresas de turismo, organizaciones ambientalistas e incluso empresas internacionales de ventas inmobiliarias.
Dos integrantes de la familia Lemos se acercaron a MDZ para demostrar que son dueños de las tierras, en las que hay empresas mineras trabajando, sin autorización.
Si se comprueba que las tierras tienen propietarios, se tratará de un conflicto entre privados, pero si se trata de patrimonio mendocino, el Gobierno deberá actuar para que se preserve la zona y se cuide la montaña.