El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al amparo interpuesto por la Defensoría de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción Judicial y ordenó al Poder Ejecutivo provincial ocuparse de la situación de vulnerabilidad de 200 niños y niñas de las localidades de Allen, General Roca y Villa Regina.
El amparo reveló falencias en el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Ricardo Arroyo, cuya gestión está recibiendo críticas luego de los casos de presunta corrupción de menores investigados en Viedma.
En el escrito, la Defensora de Menores, Alicia Terraza, detalló la situación en tres ciudades por casos que datan del año 2012 y no fueron judicializados. En ese sentido puntualizó que “en Allen había 20 situaciones que fueron denunciadas por adultos y que involucran a niños en situación de riesgo y vulnerabilidad por ser víctimas de abuso, o en riesgo social".
“Otras 30 había ese año en Roca, casos de violencia emocional, maltrato infantil, abandono, falta de cuidados, violencia familiar, mientras que en Regina se detallaron otras 17 por casos similares”, agregó la amparista.
"El Órgano de Aplicación (el Ministerio de Desarrollo Social) está omitiendo el cumplimiento de las normas internacionales, nacionales y provinciales de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que necesitan un abordaje urgente a través del programa vigente para evaluar y accionar, en resguardo de sus derechos, que se encuentran vulnerados", indicó Terraza.
Por su parte el juez Sergio Barotto, vocal del Superior Tribunal de Justicia rionegrina que resolvió sobre el amparo reprochó el "desinterés puesto de manifiesto por el Ministerio de Desarrollo Social, evidenciado en las demoras y omisiones para contestar los requerimientos que en la causa se le han efectuado”.
“Como así también en los informes genéricos y carentes de precisión que ha presentado, comportamientos que resultan, a mi criterio, demostrativos de ausencia de voluntad en cuanto a buscar -y encontrar, que es lo que realmente importa- una solución a los complejos y delicados casos planteados", sostuvo.
En simultáneo a esta causa la justicia de Río Negro investiga en Viedma la presunta corrupción y prostitución de menores, que estaban bajo guardia judicial en un albergue para menores y por la que está imputado el camarista penal, Juan Bernardi.
Fuente: Télam