Una gravísima acusación apunta a los responsables del geriátrico Las Abuelas, ubicado en Patricias Mendocinas 164, de General Alvear. Según los afectados, que presentaron la primera denuncia a principios de 2014, los dueños del lugar mantienen cautiva a una mujer de 85 años e impiden que tenga contacto con sus familiares.
"La llevamos en enero de 2014, cuando mi mamá se fue de viaje y temporalmente no podíamos cuidar a mi abuela. La idea era que estuviera 15 días. Pero cuando la fuimos a buscar, nos impidieron verla alegando que no se quería ir", dijo una nieta de Elena Siemba (85), la mujer afectada.
De acuerdo con sus familiares, "mi abuela cobra un alquiler de una propiedad en Unión (San Luis) y tiene dos jubilaciones. Le están cobrando todo, ahora el tipo (el hombre vinculado con la dueña del geriátrico) es su tutor, el apoderado".
Según consta en la denuncia penal y en las presentaciones realizadas en el Juzgado de Familia, el supuesto tutor de la mujer, vinculado con la encargada del hogar para ancianos, es Ángel David Salinas. En las denuncias también figura el nombre de Sandra Carballo, la supuesta dueña del complejo ubicado en pleno centro alvearense.
Por su parte, el abogado que representa a Siemba, y que los familiares vinculan con los dueños del geriátrico, negó las denuncias de los familiares y aseguró a MDZ que "la señora está lúcida y no se quiere ir. Así lo dijo en declaraciones en el juzgado. Lo que pasa es que la familia tiene miedo de que pierda la herencia que ella les dejaría. Esto no va a ser así".
Asimismo, aseguran que la mujer entrega voluntariamente una suma mensual a Salinas porque "es la persona que la cuida y le hace los mandados. Si quiere ir a comprar al centro, él la acompaña".
Antecedentes
Consultado por MDZ, el director de Inspección General del municipio, Raúl Cáceres, subrayó que el geriátrico en cuestión tiene antecedentes de clausura ya que "no cumplía con las normas municipales para la habilitación" de estos complejos. Sin embargo, volvieron a abrir aprovechando un "vacío legal", según explicó el funcionario.
De acuerdo con los argumentos de la comuna, "nosotros exigimos que tengan la habilitación de la provincia, pero la provincia exige que previamente se le dé la autorización municipal. Se crea una situación de conflicto de poderes en la que no podemos tomar la decisión de cerrarlo".