"Cuando alguien se quiere esconder, a veces el mejor lugar es un barrio privado". Las palabras pertenecen al secretario judicial a cargo del área de notificaciones de la Justicia, Carlos Valente, quien a diario padece la arbitrariedad con la que se manejan los barrios más exclusivos de Mendoza. Según confirmó, esto afecta directamente a cientos de procesos judiciales, los cuales se ven dilatados o incluso llegan a caerse por la falta de notificación a las partes.
Es que las puertas no están abiertas para los más de 50 notificadores judiciales que trabajan en el Gran Mendoza, quienes a diario tienen que discutir con los guardias de seguridad para que los dejen ingresar a hacer su trabajo. "El problema es que si no hay notificaciones, no hay juicio", destacó el funcionario.
Los abogados que se ven afectados por esta situación señalaron a Dalvian, Club de Campo Mendoza y Palmares entre los más conflictivos.
Este inconveniente es recurrente en Mendoza, donde el sistema de ingreso a los barrios privados ha servido para que muchos ciudadanos eviten ser alcanzados por el brazo de la Justicia. Con un llamado a la casilla de seguridad, blindan las barreras y bloquean el normal funcionamiento del Poder Judicial.
En algunos casos, esto sólo provoca una dilatación del proceso, pero en otros lleva incluso a que los plazos prescriban y se caigan las causas. Lo mismo ocurre en temas sensibles como las órdenes de restricción de acercamiento por casos de violencia de género. "Sin notificación, la restricción no existe. En esos casos, podemos solicitar apoyo de la fuerza pública para que no nos nieguen el ingreso", adhirió Valente.
Además, cada notificación tiene un costo de entre $65 y $40, por lo que cada vez que hay que reenviar una de ellas se produce un perjuicio económico para el litigante. Según explicó el responsable del área, por mañana se despachan 500 notificaciones de asuntos civiles y penales, mientras que en la tarde se mueven cerca de 850 notificaciones laborales y de los juzgados de familia.
Ante las denuncias de abogados y la explicación de Valente, MDZ consultó a las autoridades de uno de los barrios apuntados, Dalvian S.A. Mientras que los notificadores aseguran que existen trabas para entregar notificaciones, desde el complejo residencial afirmaron que pueden ingresar de forma regular, pero siempre custodiados por el personal de seguridad. "Lo mismo ocurre con Correo Argentino, Telefónica, Edemsa, etc", aclararon desde DOSSA, encargados de los servicios de Dalvian.
Por otro lado, la situación es todavía más difícil en barrios que no tienen ni siquiera guardias de seguridad, sino que un portón bloquea el ingreso a los trabajadores. En esos casos, no solo los notificadores judiciales tienen problemas para ingresar, sino que lo mismo ocurre con el personal encargado de ejecutar medidas judiciales como embargos, desalojos y secuestros.