A mediados de esta semana, el Gobierno nacional dispuso el pago indemnizatorio a cinco delincuentes que fueron en su momento condenados a prisión perpetua siendo menores de edad, acatando el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado el año pasado.
Esto trajo aparejado nuevamente el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coloquialmente conocida como Pacto San José de Costa Rica, suscrito por Argentina (y otros estados de la región) el 22 de noviembre de 1969 en la capital homónima del país centroamericano. El mismo fue creado para garantizar la protección de los derechos humanos en América Latina de manera universal y en todos los aspectos de la vida, además de crear la CIDH como garante de los mismos en caso de litigios.
Sin embargo, en los últimos años el pacto fue blanco de varias críticas por parte de algunos sectores de la sociedad argentina, acusando a la CIDH por emitir varios fallos considerados como polémicos al ser beneficiosos para delincuentes que denunciaron irregularidades tanto en sus condenas judiciales como las condiciones de sus estadías en las cárceles argentinas, siendo Mendoza una de las más afectadas por las denuncias.
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Básicamente, los artículos que han sido criticados con más vehemencia son el número Cinco (Derecho a la Integridad Personal) y Siete (Derecho a la Libertad Personal), los cuales hacen referencias explícitas a los derechos de quienes padecen algún proceso judicial en los países signatarios como el nuestro.
En el caso de los delincuentes juveniles, ha sido de suma trascendencia la aplicación del artículo 37 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), el cual garantiza, entre otras cosas, que "no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad" (inciso a) y que "la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda" (inciso b).
"Abandonarlo sería un error garrafal"
Carlos Lombardi, profesor de Derecho Constitucional en la UNCuyo y de Derecho Administrativo en Universidad de Mendoza, fue consultado por MDZ Online sobre la implicancia del Pacto de San José en el orden jurídico nacional y qué pasaría si el país abandona este tratado que tiene rango constitucional gracias a la Constitución Nacional de 1994.
"El hecho que se hayan incorporado tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional al ordenamiento jurídico de nuestro país, implica no solamente cumplir con las normas internacionales, sino también que le genera al país una responsabilidad internacional en caso de incumplimiento", explicó.
En ese sentido, Lombardi sostuvo que "un incumplimiento del mismo le da derecho a la persona afectada a recurrir a los organismos internacionales para exigir al Estado argentino que cumpla con el convenio internacional".
Sobre una hipotética renuncia, el abogado especialista en Derecho Constitucional indicó que ello "es jurídicamente posible", para lo cual "el Congreso debería expedirse para sacarle la jerarquía y denunciar internacionalmente que el país deja el pacto".
Pero, según su opinión, optar por esa opción "habla muy mal del país, porque es un instrumento internacional que el Estado argentino tiene que garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el país. Sería un grave retroceso y además sería una contradicción al avance de derechos en los últimos años".
Por el contrario, Lombardi aseguró que "el problema pasa por una cuestión de inseguridad, básicamente por las políticas públicas que el Estado aplica o no respecto a la delincuencia de los jóvenes".
"Entiendo que haya sectores de la sociedad que no estén de acuerdo con la aplicación de un convenio internacional se ‘beneficie’ a jóvenes que han delinquido, pero esas garantías las tenemos todos los ciudadanos, quienes pueden acudir al pacto cuando lo requieran", argumentó, y a lo cual agregó: "Lo que hay que atacar son las causas de la inseguridad, que es un problema de pobreza y educación".
En resumen,el abogado expuso que "el pacto se aplica a todos los ciudadanos de cualquier edad y clase social. Sería un error político y jurídico garrafal dejar de lado este convenio internacional. Al contrario, hay que consolidar su ejercicio para todos".
"Argentina debería revisar y rever los pactos internacionales"
Por el contrario, para Daniel Cassia, diputado provincial del Frente Renovador y abogado, la situación debería ser diferente: "Desde hace años, el Congreso de la Nación debería revisar, a través de una constituyente, varios pactos internacionales como el de San José de Costa Rica".
"Una de las cuestiones es que, en general, produjo un retroceso a la sociedad la adhesión a estos pactos, porque generó un desequilibrio en cuanto a los derechos y obligaciones. La mayoría pasaron a estar en manos de delincuentes, escudándose en el Pacto de San José y la Convención Internacional de los Derechos del Niño para salvaguardar sus obligaciones", aseguró.
Además de que "Argentina debería revisar la adhesión a los pactos internacionales", Cassia opinó que "hasta deberíamos rever esas decisiones" para que "los derechos pasen a estar con una mirada pro-sociedad que quiere vivir sin violencia y en paz".
"El uso y goce indiscriminado de los pactos internaciones es de los delincuentes", aseveró.
Por el contrario, el diputado indicó que "ninguna de las víctimas del delito, ni siquiera aquellas afectadas a mano de quienes hoy reciben indemnizaciones en dólares, tuvieron un resarcimiento parecido o el Estado le prestó la más mínima atención".
"Cuando se analiza la situación, se llega a la conclusión que el Estado está al servicio de los delincuentes y no de las víctimas del delito", reiteró.
De todos modos, Cassia reconoció que "si la Argentina adhirió legalmente a los pactos internacionales, la ley hay que respetarla y a un fallo internacional de la CIDH hay que acatarlo".
"El fallo en sí no me molesta, aunque el pacto no me guste", aclaró, y dejó bien en claro que "lo que no me gusta y más me molesta de los gobiernos nacional y provinciales es que tengan tanta atención a las leyes que benefician a los delincuentes y nada a los derechos que atañen a las víctimas del delito y al resto de la sociedad".