Jueces que operan en modo “automático”, fiscales penales que piden sobreseimiento de causas por lesiones, porque la víctima no está sangrando ni tiene huesos rotos -no importa lo que les hayan hecho- órdenes de restricción del hogar que no se cumplen, exámenes forenses que nunca llegan, largas esperas, y la sensación de que siempre serán culpables por lo que les pasó. Las mujeres mendocinas que son víctimas del maltrato y la violencia de género sólo pueden esperar ser “revictimizadas”, a menos que tengan muchísima suerte, ya que ni siquiera contar con recursos a mano asegura ponerlas a salvo de los violentos. El caso de Mariana Roby, la hermana del ministro de Salud, demuestra la indefensión: era una mujer que tenía una orden de restricción a su favor, que trabajaba en un lugar con vigilancia donde además hay un botón de pánico; y que por añadidura tenía acceso al poder, igualmente fue asesinada a tiros por su ex marido, que inmediatamente se suicidó. El hecho, conmocionante y terrible, hizo que medios, políticos y especialistas pusieran sus miradas sobre un sistema que esencialmente funciona mal, al punto que jueces y fiscales terminan siendo cómplices del maltrato.
Las cifras oficiales disponibles en Mendoza dicen que entre octubre de 2010 y el mismo mes de 2013, casi 2.700 mujeres denunciaron violencia de género. Unas 800 más pudieron haberlo hecho este año. El promedio de las denuncias es bajo. Se estima que un ínfimo porcentaje se anima a acudir a la justicia o la policía, porque teme las represalias, o que la justicia “no haga nada” para protegerlas. Y entonces, la venganza del maltratador será infinitamente más violenta.
Es muy difícil establecer los alcances de la violencia de género. La mayor parte de los casos denunciados en Mendoza se dividen por tipo de ataque: El 81% de los casos denunciados entre 2010 y 2013 correspondió a violencia psicológica, 9% a física; 6% a económica; y 3% a sexual. Y una encuesta realizada la semana pasada por este medio y en la que votaron unas 2.500 personas en menos de dos horas, dice que el 45 % de los que participaron en el sondeo conocían casos de algún tipo de violencia de género entre sus familiares y amigos.
Es claro que con semejante panorama no se puede pedir a un gobierno que ponga un policía en cada casa. Pero la contrapartida es que en buena parte de los casos, jueces y fiscales actúan de mal a muy mal. Con el caso Roby, por ejemplo, se supo que las propias víctimas son las que tienen que ir a los juzgados a buscar las órdenes de restricción para llevarlas a las comisarías. Mariana Roby, por caso, tardó 24 horas en ir a retirar el oficio. El martes pasado se dictó la restricción contra su ex marido Marcelo Manino, y el jueves él la mató. La ex jueza Aída Kemelmajer de Carlucci criticó el sistema de notificaciones judiciales ayer a la mañana. Lo consideró un “error”, pero partiendo desde la base de que el propio derecho penal está mal en materia de mujeres maltratadas.
Las historias de revictimización y maltrato del propio sistema abundan.
El año pasado, una mujer golpeada por su marido que alcanzó a escapar en camisón y descalza de su casa, concurrió a hacer la denuncia a una comisaría en la que debió esperar desde las 05:00 de la mañana hasta las 09:00 que alguien la atendiese, porque no se cumple con la ley que indica que en todas las comisarías debe haber personal idóneo para recibir este tipo de denuncias. En otro caso, a una mujer que había conseguido la orden de restricción y una orden de pericias psicológicas y psiquiátricas a su marido, le dieron un turno de “visita” psiquiátrica para él… con fecha 16 de octubre. Es fácil adivinar el calvario por el que pasará esa mujer en las próximas semanas.
A veces son los fiscales los que no cumplen con su tarea, ya sea por desidia, o por incapacidad. Una mujer que había denunciado a su marido varias veces por violencia de género y que había conseguido una orden de restricción, por poco termina como Mariana Roby. Su ex marido entró a su domicilio, la zamarreó de los cabellos por toda la casa y luego se llevó armas de lo que había sido el hogar conyugal. ¿Habrá que sentarse a esperar que la mate? El hombre había violado varias veces la orden de restricción y todo el tiempo ataca y amedrenta a los parientes y amigos de su ex esposa. Y lo único que puede hacer la mujer-víctima entonces es denunciarlo a la justicia. “Lo denuncié trece veces y el fiscal lo absolvió en once oportunidades. No hizo nada. Al contrario, decía que las lesiones eran leves, o menos, y que no podía meterlo preso. Vivo con miedo. ¿Para qué quería las armas que se llevó?” contó.
Las órdenes de restricción son prácticamente inútiles aun cuando ocurre un hecho delante de las narices de la policía. Una letrada especialista en cuestiones de género contó que meses atrás, una mujer fue corrida a golpes de su casa por su marido, que tenía una orden de restricción de acercamiento al hogar. La mujer salió a la calle y vio a un policía al que abordó de inmediato, contando la situación a borbotones y muerta de miedo, como pudo en ese momento. Mostró además sus lesiones. El policía le pidió la orden de restricción, que ella siempre lleva encima. Pero el uniformado no le hizo caso porque el documento “era una fotocopia”. Y encima le preguntó si el marido golpeador estaba notificado de la medida judicial. Un maltrato termina siendo funcional al otro.
Otra abogada se quejó de que los policías suelen desalentar a las mujeres a que concurran a las comisarías con sus abogados. “Deje… mamita… ¿para qué viene con abogado, si nosotros le resolvemos el problema?”. La soga en la casa del ahorcado: Aída Kemelmajer de Carlucci contó también en MDZ Radio que decenas de policías acusados de maltrato aun portaban sus armas, o no se les hacían pericias psicológicas y psiquiátricas para analizar sus avances, o retrocesos.
Las mujeres que deciden denunciar pasan a otro nivel de maltrato: la violencia institucional. En general, con abogados o no, deben aguardar varias horas en las comisarías mientras el maltratador las espera en su propio domicilio o a la vuelta de sus trabajos. Por eso, con su inacción, los fiscales protegen al que lastima. Les dan cobertura legal a victimarios con perfiles psicóticos capaces de encantar serpientes, o de caerles bien a todos sus vecinos. “Todo el sistema protege al violento” opinó la abogada Paula Vetrugno, una de las veteranas de estas lides en el foro local. “Hay todo tipo de violencia, contradenuncias, falta de asistencia alimentaria, extorsiones económicas y psicológicas, violencia sexual y física… y fallan las redes de información y contención” explicó.
El problema de la violencia es la estigmatización, por un lado, y la falta de identificación con lo que ocurre. “Las campañas suelen ser violentas y mostrar a mujeres llenas de sangre o con magullones… entonces, las que son víctimas de otro tipo de violencia, no se identifican y no denuncian” contó esta semana uno de los especialistas consultados en MDZ Radio.
La justicia de familia es la que lleva parte del peso del problema a la hora de resguardar a la mujer golpeada. Pero la mayor responsabilidad cuando los maltratos se reiteran, es de la justicia penal: jueces que no se comprometen con las víctimas a la hora de revisar decisiones, o fiscales que directamente no actúan victimizando de nuevo a quien de por sí sufre, son moneda corriente.
El caso de Mariana Roby, como el de muchas otras mujeres, demuestra que el sistema no está preparado para contener a las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia. Al revés, se las revictimiza haciéndoles desistir de la denuncia, sentirse culpables, o ignorando las advertencias. El fiscal que sobreseyó 11 veces a un ex marido violento… ¿Qué espera? ¿Una nueva muerte? Los jueces que dejan pasar las decisiones de los fiscales de primera instancia sin más… ¿Son cómplices? Sin dudas.
La muerte violenta de Mariana Roby en una provincia donde el 15 % de los asesinatos son contra mujeres, ayudó a poner la lupa sobre el mal funcionamiento del sistema. No hay información suficiente, hay multiplicidad de “oficinas de la mujer” que no trabajan de manera coordinada, no se cumple la ley provincial de violencia de género sancionada hace menos de cuatro años, el uso del botón anti pánico no está institucionalizado. Las mujeres de bajos recursos no tienen dónde ir una vez que son atacadas, no hay refugio para contenerlas. Y las de recursos medios y altos están igual de expuestas, porque el sistema está mal. Pensar que a Mariana Roby la mataron porque no tuvo tiempo de ir a buscar un papel y la policía nunca supo que debía cuidarla, indigna. Y demuestra que la actitud teórica contra la violencia de género no pasa de ser un conjunto de buenas intenciones desordenadas, entre cuyas grietas se filtran los violentos para amedrentar, lastimar, y asesinar. Hay miles de mujeres que aún no se animan a denunciar, justamente porque entienden que del otro lado de sus denuncias les espera otro maltrato: el de los jueces, fiscales, forenses, y policías.
Es así, la violencia de género es la versión moderna del “algo habrás hecho”, y se castiga a las mujeres en consecuencia. Son víctimas por partida doble, y además, desprotegidas.