De los 93 profesionales de la Educación en la mira de Fiscalía de Estado por sobrecarga horaria, la Dirección General de Escuelas (DGE) reconoció que hubo 16 docentes de distintos establecimientos educativos de la provincia que incurrieron en irregularidades.
El pasado 21 de abril, el máximo organismo de control gubernamental que preside el fiscal subrogante Javier Fernández informó sobre 84 -terminaron siendo 93 casos- incompatibilidades en docentes y funcionarios de la DGE además de denunciar el "silencio reiterado" a ese respecto de la cartera que conduce María Inés Abrile de Vollmer.
En ese momento, la Fiscalía requirió "notificar al personal en condiciones de incompatibilidad para que renuncie a las horas extras con el propósito de cesar en su situación de incompatibilidad, quienes a su vez deberán explicar su situación y demostrar que realizaron las prestaciones correspondientes al total de horas pagas, y en caso de corresponder iniciar las acciones pertinentes de recupero del dinero oblado", como se informó oportunamente a través del portal del órgano contralor.
A dos semanas y días de la intervención de Fernández, Vollmer reconoció a MDZ Online que del total de los casos denunciados sólo se corroboró sobrecarga horaria en 16 docentes.
"La primera decisión que tomamos fue designar a un abogado instructor para llevar a cabo la investigación correspondiente de estos casos denunciados. Se estudiaron los 93 casos y apareció que sólo 16 tenía alguna situación de incompatibilidad, el resto se encontraba en situación normal", blanqueó la Directora General de Escuelas.
Tras enviar un memorándum a los 16 docentes en cuestión por violar lo establecido en la Ley 6.929 (que dispone el régimen de incompatibilidades para todo el personal, cualquiera sea su categoría o situación de revista que preste servicios en establecimientos educativos de gestión estatal y/o de gestión privada pertenecientes a la enseñanza pública, en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial), quedaron 7 profesionales sin ajustar correctamente su situación.
"No sabemos por qué estos docentes no respondieron a la adecuación requerida; por ello, la DGE intervino con una acción más directa con cada una de las personas y, a la fecha, podemos decir que están todos en condiciones de regularidad", afirmó Vollmer.
Los docentes apuntados habían incurrido en una sobrecarga horaria incumpliendo el tope de 36 horas para secundario y de 48 horas para nivel superior como lo establece la normativa vigente.
La Ley prevé:
1) para nivel inicial, EGB, polimodal y regímenes especiales, un máximo de treinta y seis (36) horas cátedra frente a alumnos, pudiendo llegar a cuarenta y dos (42) horas catedra en los siguientes casos: a)- en cargos de coordinación, tutorías, asesorías y proyectos institucionales especiales; b)- en casos excepcionales de escuelas y/o asignaturas donde no se presenten postulantes con títulos docentes y/o habilitantes.
2) para el nivel superior, un máximo de cuarenta y ocho (48) horas cátedra, debiendo garantizar entre un setenta (70%) o setenta y cinco (75%) por ciento de ellas para tareas inherentes a la formación inicial, post títulos, certificaciones a profesionales no docentes, trayectos diferenciados y diplomaturas, y el treinta por ciento (30%) o veinticinco por ciento (25%) restante para el desarrollo de las funciones de capacitación y/o investigación. El consejo directivo de cada institución, de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto educativo institucional, oportunamente aprobado por la dirección general de escuelas en el proceso de acreditación, podrá asignar transitoriamente la totalidad de las horas cátedra del agente a la formación inicial y/o continua.
El resultado de la investigación realizada por la DGE fue enviado a la Fiscalía de Estado que evaluará si corresponde o no cerrar el expediente abierto por este caso. Por su parte, fuentes del organismo que preside Fernández afirmaron que "la DGE ha actuado conforme a los plazos que marca la Ley".
Debe recordarse que los 93 casos de incompatibilidades fueron denunciados en 2.009 por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).
"La denuncia entró en aquél momento a la Fiscalía, es un viejo expediente que nos llega como parte de un largo proceso administrativo", recuperó Vollmer al tiempo que dijo que la reducción de casos se debió a que "pasó mucho tiempo en el que, seguramente, los docentes fueron regularizando su situación y por eso encontramos sólo 16 profesionales (con irregularidades)".
La razón: ensanchar el bolsillo
Finalmente, Vollmer admitió que quienes incurren en este tipo de irregularidades persiguen el lógico fin de aumentar su salario. La violación de la normativa puede valer, en casos extremos, el cargo.
"La mayoría de los docentes una vez advertidos de la irregularidad a partir de la revisión de las liquidaciones regulariza su situación; ahora bien cuando no reacciona es la Junta Disciplinaria quien terminará decidiendo qué sanción le valga", postuló la titular de la DGE.
Y, en ese orden, evaluó: "Hay docentes que lo adoptan como forma de aumentar su salario y es la única explicación (de este tipo de incompatibilidades)".
Como fuere, la última palabra la tendrá el fiscal subrogante Javier Fernández.