La diputada Patricia Gutiérrez, que representa a la parte denunciante en el jury contra el fiscal de Estado, presentó una prueba fuera de termino que complicó a una de las testigos. El documento no fue aceptado por el Tribunal, de todas maneras puede ser tenida en cuenta por la querella a cargo de la Produración de la Provincia al momento de los alegatos.
En la nueva audiencia de debate contra el fiscal de Estado Joaquín De Rosas, Patricia Gutiérrez dio a conocer la copia de una captura de pantalla de la página web del estudio jurídico de Gisela Garzuci, quien se desempeñaba como apoderada de la empresa de cobranzas Cerecred S.A, que tenía a su cargo gestionar el pago de los préstamos del Ente Fondo Residual Banco Mendoza Previsión Social (E.F.O.R).
La prueba presentada por la denunciante consistía en la cartera de clientes del estudio jurídico, en la cual figuraría Dalvian S.A, perteneciente al empresario Daniel Vila. El mismo que había solicitado en reiteradas oportunidades el convenio de compensación de deudas por la deuda contraída con la provincia y la expropiación de terrenos de Divisadero Largo. El monto ascendía a los 3,7 millones de dólares.
Al momento de ser interpelada por la diputada denunciante, Garzuci negó haber trabajado en alguna oportunidad para Dalvian, lo que no convenció a Gutiérrez y dejó constancia de que presentaría un planteo por falso testimonio.
Otro de los aspectos que se ventilaron en el juicio, pero que también fueron negados por la testigo, tuvo que ver con una planilla de liquidaciones por los honorarios de los abogados de Cerecred en el marco de un convenio celebrado en el 2005, el que no se efectivizó sino hasta el 2010, cuando se llega a un acuerdo por el pago de la deuda.
La ex apoderada de la empresa de gestión de cobranzas negó haber percibido honorarios que debían ir a cargo por costas a Daniel Vila.
En el juicio quedó a la luz un decreto del por entonces gobernador Roberto Iglesias que ordenó a la empresas de cobranzas a suspender las intimiciones de pago al E.F.O.R entre las que estaba incluída Dalvian S.A.
Finalmente la testigó subrayó que luego de las idas y venidas de varios convenios de pago que no se concretaron, finalmente en 2010el empresario Vila canceló la deuda con el E.F.O.R.
Un testimonio poco serio
El segundo y último testimonio correspondió a Silvia Lemos, quien se desempeñó como Directora Ejecutiva del E.F.O.R. Su presencia en el debate fue solicitada por la Procuración, pero la mujer reconoció no recordar practicamente nada de lo acontecido desde el 2001 al 2003, cuando deja las funciones.
El único dato relevante que aportó fue que la mayoría de las deudas con el E.F.O.R no llegaron a un acuerdo de pago con los deudores porque era muy baja la propuesta económica que hacían, entre ellos estaba el expediente por la deuda de Dalvian.
La decisión de aceptar o no la propuesta de pago era determinada por una comisión en la que participaba Cerecred y ella era la titular.
Aunque no respondió con precisión, se le preguntó si había tenido algún tipo de llamado o sugerencia por parte del fiscal de Estado De Rosas, o algún tipo de consulta por parte del funcionario.
Finalmente llegó una prueba documental en la que el De Rosas solicitaba una copia del estado de deuda de Daniel Vila con el E.F.O.R. No obstante la contadora, no aportó practicamente ninguna información ni detalle que sumara al caso.