Hoy a las 9,30 se retomará el mega juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia. El debate continuará desarrollándose en el salón de actos del Poder Judicial, con video conferencias desde Buenos Aires, Rosario y Tucumán.
Nuevamente se sentarán en el sector de los acusados los ex jueces Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Otilio Roque Romano, entre algunos de los acusados que están detenidos en las cárceles de la provincia.
Responsabilidad judicial
Luis Miret fue destituido de su cargo de camarista por el Consejo de la Magistratura en 2011. Los primeros cargos fueron por omitir investigar y/o denunciar torturas a un grupo de detenidos en el D2 en agosto de 1975. En ese momento el consejero Hernán Ordiales puso especial atención en el caso de Luz Faingold, de 17 años, que fue violada en cautiverio en el D2, que dependía del brigadier Julio Santuchione.
Por otro lado quedó cuestionado su desempeño por la participación que tuvo en los Juicios por la Verdad, pese a la amistad con el ex jefe militar Juan Pablo Saa. Finalmente se le endilga a Miret el archivo de un expediente que debía investigar la identidad de la hija de una pareja de desaparecidos.
“Miret invocó una carta manuscrita en la que Laura Terrera le dice a su padre ‘estamos bien y retornamos en los próximos días’. Para el juez fue prueba suficiente de que no estaban secuestrados”, relató el episodio el consejero acusador al momento de la destitución de Miret.
En el caso de Otilio Romano, en el proceso que llevó el Consejo de la Magistratura para separación de su cargo como juez federal se consideró de forma unánime que “fue funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado”, y “deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia”.
En su sentencia, el Jurado mencionó el “plan amplio, perverso e intrincado” implementado por la dictadura durante el proceso militar previo a la restauración del orden constitucional.
En el juri fueron aludidas declaraciones de testigos que reflejaron la actuación de grupos que invocando órdenes de superiores “secuestraban a personas y las trasladaban a centros clandestinos de detención”, entre ellos el Departamento Central de Policía de Mendoza (conocido como D2) donde eran torturadas.
Hubo casos de abogados detenidos y torturados por el solo hecho de ejercer la defensa de las víctimas de la represión, recordó el tribunal.
En ese momento, el Jurado también evaluó en ese momento, cuando ante la inminente suspensión por parte del Consejo de la Magistratura y su procesamiento por parte del juez federal de Mendoza Walter Bento, Romano se fue del país y estuvo varios años fugado de la Justicia.
Por último, a los ex jueces Guillermo Petra y Rolando Carrizo, también están acusados por incumplimiento de sus deberes al omitir investigar las detenciones y no actuar frente a los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas Argentinas y de seguridad. Asimismo, se los acusa de abuso de autoridad y prevaricato.