Tras la polémica desatada por el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que obligó igualar los derechos de un presidiario a los de un trabajador en libertad, una Defensoría de Buenos Aires planteó que los internos deben manejar sus propios celulares para poder "fortalecer los lazos familiares y sociales" y por "una cuestión de dignidad".
La Defensoría Pública de la ciudad bonaerense de San Nicolás presentó un hábeas corpus colectivo requiriendo que los internos de la Unidad Penal 3 puedan utilizar teléfonos celulares para comunicarse con parientes y familiares, como consignó Infobae.com.
María Celina Berterame, defensora de Ejecución Penal Departamental, argumentó a ese respecto: "Una persona tiene que estar presa en condiciones dignas. La dignidad también es que puedan comunicarse con sus familiares".
En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, la funcionaria sostuvo que cuando una persona está privada de su libertad tiene muchos derechos restringidos. Y, fundamentó, que en caso de que no se habilite el acceso a teléfonos celulares se compromete "el derecho a la comunicación" y "el derecho a la libertad".
La medida dispuesta por Berterame reavivó el debate reciente, basado en ampliar los derechos de los presidiarios.
Es que un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal indicó que los internos que trabajan deberán gozar de los mismos derechos que posee un empleado en libertad: igual remuneración por igual tarea; vacaciones pagas; aguinaldo; licencias; entre otros beneficios.
Ahora, de acuerdo con la funcionaria, los presos y "por una cuestión de dignidad" deberían poder usar teléfonos celulares a los fines de reestablecer y sostener sus vínculos externos.
Asimismo, la Defensoría de San Nicolás fue más allá al proponer, no sólo que los presidiarios tengan acceso a teléfonos celulares sino también, que no se sancione a quienes compran equipos en forma clandestina.
"Pedimos que deje de sancionarse a los internos por este tipo de faltas porque la ley de ejecución penal no prevé que sea algo grave", analizó Berterame.
Por último, negó que este tipo de medidas puedan vincularse con la problemática de los secuestros virtuales.
Es sabido que muchos internos usan teléfonos desde la cárcel para llamar a particulares y propiciar extorsiones de todo tipo; sin embargo, la funcionaria negó que hayan denuncias concretas de estos casos en el Ministerio Público Fiscal.