ONG Protectora rechaza el aumento de colectivos

Este martes, el gobierno de Mendoza refrendó un aumento del boleto de colectivo a través del Boletín Oficial.

Las nuevas tarifas para viajar en colectivo fue anunciada a su vez por el ministro de Transporte, Diego Martinez Palau durante una conferencia de prensa. El boleto mínimo costará $3,50 si se paga con tarjeta Red Bus y $4, en caso de utilizar monedas.
 
Casi de manera inmediata, la ONG Protectora, especializada en defensa del consumidor, emitió un comunicado cuestionando la medida, ya que no existiría un criterio "transparente" de su necesidad, “del criterio tomado como base del aumento y por último su incidencia en relación a los subsidios que también otorga para el pago del pasaje”.

A su, vez Protectora “rechaza que se le aumente un 40% el boleto a los usuarios, lo mismo genera una grave problema social, dado que incide directamente en la economía familiar, sobre todo a los usuarios de menores recursos, que deben viajar todos los días”.

A ese respecto, Nicolás Vadilla asegura: “Como lo expusimos en la Audiencia Pública, se debe instrumentar un sistema de quita de subsidio al empresario, y subsidiar a los usuarios que necesiten usar el servicio y no tengan los suficientes recursos”.

Avanza el documento:

La documentación compulsada por nuestra Asociación, que fuera puesta a disposición por la Dirección de Transporte, pocos días antes de la audiencia pública que se llevo a cabo el 26 de diciembre pasado. NO contiene documentación contable respaldatoría, que acredite el aumento dispuesto en la fecha.

Como gran parte de los oradores de la audiencia pública manifestaron, no se puede dar aumentos de boletos, sino se conoce cuanto es el dinero que realmente reciben los empresarios, por los subsidios que todos los ciudadanos contribuimos.

Nuestra asociación, rechazo enfáticamente el sistema actual transporte de colectivos, donde existe graves deficiencias del servicio, y por sobre todo, no existe riesgo empresario. El sistema de cobro por kilómetro recorrido, sumado a los subsidios, no permite que se controle el real costo y beneficio de realizar esta actividad por parte de los usuarios y tampoco permite mejorar el servicio en base a un sistema que tenga mejor competitividad y que se base en cobrar por pasajero transportado como es obvio.

Estos graves problemas que se reiteran en el transporte de pasajeros de la provincia de Mendoza, debido al que el gobierno debe cumplir la Ley 7.412 y poner en funcionamiento al Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros.

Sin dudas la existencia de dispositivos que vulneran y avasallan los derechos de los usuarios, tienen como causa principal la ausencia de un representación legal en defensa de los usuarios, que es el Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros, ya que el Gobierno Provincial se niega a cumplir con la Ley 7.412 que establece su creación.

Se niega por falta de cumplir con la ley (desde el 2005), a que dicho ente proteja los intereses de los usuarios, promoviendo su participación en la fiscalización y control. Se niega que a los usuarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, se brinde sin preferencias ni discriminación alguna, asegurando la confiabilidad, libre acceso, higiene, seguridad, uso generalizado y complementariedad. Y obviamente se niega la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios, a través de la regulación de los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, realizando los estudios pertinentes para que el Poder Ejecutivo, por su intermedio, para poder obtener transparencia y eficiencia en el servicio y su costo que ahora carece.

Hasta tanto lo mismo no suceda, a fin de dar transparencia en los actos gubernamentales, el derecho a la información y cumplir con la necesaria participación de los usuarios requerimos que se cumpla con el derecho de los usuarios de dar participación a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, para que puedan tener representación en defensa y protección de los intereses económicos de los consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, dado que ahora solo se dispone los aumentos y la calidad del servicio, por pedido de los empresarios y concesión de las autoridades, y a los usuarios solo que paguen.