Otilio Romano fue juez federal de Mendoza, primero reconocido y respetado por sus pares, más tarde investigado y luego acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad, motivo por el cual se fugó a Chile, luego fue destituido de su cargo, finalmente extraditado del país vecino y hoy espera un juicio que decidirá su destino en el módulo 6 de la cárcel de San Felipe.
Una fuente cercana al penal comentó que lo que más le llamó la atención es que “los presos no saben quién es” y que les “molesta” la presencia de "gente así en la cárcel", además dijo que se lo ve muy enfermo, esto, como consecuencia de su diabetes.
Pero que "duerme tranquilo", y que el día de ayer lo visitaron dos de sus hijas, además recibió atención psicológica y un tratamiento odontológico. También aclaró que, en contra de lo que se decía, el camarista no tiene celular personal.
En cuanto a esto el director del servicio penitenciario, Eduardo Orellana, explicó que “los celulares están prohibidos en todas las unidades, salvo en la de Lavalle, que es la que tiene el régimen de salidas transitorias”. Sin embargo aclaró que todos los reclusos tienen la opción de utilizar teléfonos públicos dispuestos en los distintos distritos del servicio penitenciario.
Otro de los privilegios que tendrían los presos por delitos de lesa humanidad, son los de comidas especiales, y televisores -según denuncias de abogados por los derechos especiales- beneficio con el que cuenta Romano, quien tiene televisor en su celda, comentó nuestro informante anónimo, y en cuanto a la alimentación, queda sujeta a la atención médica que debe serle procurada durante su estadía en la cárcel.
A lo que Orellana comentó que "los televisores están permitidos en el penal, y que aquellos internos que han demostrado buen comportamiento tienen más accesos a la televisión". Pero aseguró que Romano tiene el mismo tratamiento que los demás internos.
Causas pendientes
Romano está acusado de ser partícipe primario en 103 delítos de lesa humanidad por no haber investigado denuncias por torturas, secuestros, y desapariciones entre 1975 y 1983 cuando era fiscal federal.
Romano había huido de la Justicia argentina y estaba en Reñaca desde agosto de 2011. El ex camarista pidió asilo bajo la figura de "arraigo" en el país vecino, pero le fue denegado, y sus abogados continuaron apelando hasta que el 22 de agosto pasado la Corte falló en contra del juez.
Hoy la Fiscalía de Derechos Humanos espera que el 11 de noviembre, sea juzgado en un mega juicio con otros 41 ex funcionarios que actuaron durante la última dictadura militar.Entre ellos, los magistrados Luis Miret, Guillermo Petra, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Romano.