Este lunes, el puntapié inicial lo dieron un grupo de docentes que denunciaron en la Legislatura mendocina ser víctimas de violencia de diversa índole, vinculada a su trabajo profesional. Hubo testimonios variados, pero todos con una misma matriz: la preocupación.
Inmediatamente después, desde la Dirección General de Escuelas la subsecretaria de Planeamiento de la Calidad Educativa, admitió conocer el malestar de los maestros y anticipó que se está ante “un proceso de acompañamiento de las instituciones ante cualquier situación de este tipo que se presente a través de la Dirección de Bienestar Docente".
Hoy, la titular de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer, fue aún más específica al dar a conocer un par de medidas que intentarán avanzar en la solución de esta problemática: “Estamos tomando dos medidas importantes, una de ellas la presentación de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial donde se modifica el código de faltas para que sea una falta la agresión a un docente, un no docente o personal directivo, de establecimientos públicos estatales o privados”, dijo la funcionaria.
A ese respecto, Vollmer reveló que las faltas —que pueden ser determinadas por un juez— se encuadran en el eventual arresto de 30 días o una multa de hasta 3 mil pesos a quien agreda a docentes.
La segunda normativa, está referida a los padres “que está acostumbrado a ir a buscar tarde a los chicos a las escuelas, lo cual ocasiona que los docentes tenga una parte de abuso”, agregó la titular de la DGE.