Cinco días sin micros que viajen a los distintos puntos en el país, miles, dicen 100.000, pero son muchos más, los afectados por estas medidas gremiales que sólo afectan a los pasajeros.
Las imágenes en las terminales de ómnibus del país se repiten, gente sentada en el suelo, adormecida, hambrienta. Niños de todas las edades que acompañan, se aburren y sufren a la par de sus padres que no pueden optar por la espera en un cómo hotel.
Es el quinto día consecutivo de paro, el gremio que agrupa a los choferes de colectivo de larga distancia, la UTA, no cree que los empresarios efectivicen el aumento del 23% que fue aceptado por el Gobierno, según dicen "no tienen de dónde sacar para el aumento". En realidad la pelea interna es por conseguir los mismos subsidios que tienen la empresa argentina de aviones, Aerolíneas. Sólo con eso podrán avanzar y hacer que un pasaje de micro no sea más caro que uno de avión.
Hoy viajar a Buenos Aires en avión cuesta un poco más de $500, el mismo viaje en micro cuesta más de $600. No hay relación, y todo caería en las tarifas subsidiadas.
Por su parte desde el Gobierno, Carlos Tomada, Ministro de Trabajo, denunció esta supuesta "presión" al poder político.
La iniciativa gubernamental de conceder el aumento del 23% que reclamaban los trabajadores avivó la disputa entre los choferes y la Casa Rosada, ya que los dirigentes de la UTA subrayaron que los empresarios reunidos en la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) no pueden pagar solos ese incremento salarial. "No pueden pretender que el empresario pierda plata", señaló Roberto Fernández, secretario general de la UTA, quien agregó: "No estamos en contra del Gobierno, pero al sector empresario lo voy a defender porque me da trabajo. El aumento está bien siempre y cuando los demás lo acepten, porque si no el sector empresario lo va a recurrir al día siguiente. No discuto la resolución, pero tiene que estar compartida", según publicó La Nación.
Tanto las empresas como el sindicato denunciaron que no habían sido notificados del aumento decidido por el Gobierno, lo que generó nuevos recelos entre unos y otros. "Las autoridades del Gobierno parecen reírse de todos. Da vergüenza ajena que hablen de una resolución y que aquellos que deben estar en la resolución, como el gremio y el sector empresario, no sean notificados", señaló Fernández. En ese sentido, el ministro Tomada retrucó: "Vergüenza ajena da la intransigencia de la UTA, en acuerdo con los empresarios", y calificó a la huelga de "paro con lockout patronal", en una reafirmación de las declaraciones realizadas ayer por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
"Está claro que la UTA está de acuerdo con el sector empresario y que existe una presión patronal y sindical para volver al sistema de subsidios -señaló Tomada, según consigna la agencia Télam-. Esta situación permite que los empresarios se escuden en el paro y no otorguen el incremento de salarios. Además, así pueden presionar al Gobierno para que vuelvan los subsidios. ¿A qué se debe este paro ahora si la UTA ya tiene el aumento? Lo único que parece es que el gremio hace un doble juego, es decir, un paro sostenido en un lock out empresario".
El ministro Randazzo se manifestó en la misma línea. "No quiero pensar que hay complicidad entre empresarios y algunos dirigentes sindicales para volver al sistema de subsidios. Pero si el paro sigue, hay complicidad", acusó.
Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aplicó sanciones a 130 empresas que durante cinco días no ofrecieron el servicio de transporte de larga distancia. "Es evidente, como dijo el ministro Randazzo, que ya estamos ante un lock out patronal, y así lo consideraremos al sustanciar las actas", dijo Ariel Franetovich, director de la CNRT. Y agregó: "Habrá que revisar los permisos y, a la hora de regularizarlos, pensar en otro sistema que limite la concentración y que excluya a quienes tengan este tipo de conductas". En la terminal porteña de Retiro, 130 empresas fueron multadas "por incumplimiento de servicios y no atención a los usuarios y boletería cerrada".
Ante este panorama, el usuario del servicio de transporte de larga distancia no sabe cuándo ni cómo podrá volver a viajar. Como un primer acercamiento a una posible solución, el gremialista Fernández llamó al diálogo entre todos los actores del conflicto. "Las partes tienen que sentarse a conversar porque se debe saber el costo que tienen los empresarios para conocer si ganan o pierden. Para achicar ese gasto, una posibilidad sería bajar los impuestos para las llantas, que son importadas y muy caras. Otra sería que el Estado asuma el 50% del costo de los pasajes para los discapacitados."
Al mismo tiempo, como una manera de paliar los efectos de la huelga, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que, en Buenos Aires, asiste con alojamiento en hoteles porteños a familias con bebes y niños o a adultos mayores varados en las distintas estaciones de la ciudad. "Es un plan de contingencia que ponemos a disposición de la gente", indicó el subsecretario de Abordaje Territorial de Desarrollo Social, Carlos Montaña. Mientras tanto, el paro continúa, sin solución en el horizonte.