La presidenta Cristina Fernández presentó hoy el programa “Mirar para cuidar”, con el que convoca a fuerzas de movimientos políticos y sociales para que se desplieguen en el país, con el propósito de observar el cumplimiento de los precios pactados con supermercadistas.
¿Qué pasará en Mendoza? ¿Quiénes se sumarán a controlar? Desde la ONG Protectora informaron que le han enviado una carta documento a la Secretaría de Comercio en la que la emplazan a informar oficialmente el convenio y los precios del listado de los 500 productos. "Hasta el momento no figura en el Boletín Oficial y se sabe sólo lo que han filtrado a través de la prensa", dijo el abogado Mario Vadillo.
El profesional también comentó que han recibido muchas denuncias de consumidores quejándose por el aumento en todos los productos que están en góndolas: "En la última semana es como que largaron la bandera a cuadros. Hemos recibido muchos reclamos de la gente que se ha encontrado que en pocos días han aumentado en proporciones chicas que tal vez no son tan perceptible, pero que al final de la compra suman", dijo Vadillo.
El encargado de un conocido supermercado local admitió a este diario que han remarcado todos los productos. En ese comercio que se caracteriza por ser uno de los más económicos de la provincia, se escuchó a varios clientes quejarse por la suba en los precios.
Los mendocinos opinan
MDZ dialogó con varios mendocinos a la salida de los supermercados para saber si habían encontrado en góndola los productos que integran la lista de precio congelados y muchos comentaron que "no hay variedad" y que encontraron "todo más caro".
"Fui al Átomo y no encontré aceite de girasol por eso me vine hasta el Vea. Pero la verdad que en todos los supermercado hay poca variedad de marcas", comentó Estela Pérez, de Guaymallén.
"Soy clienta habitual de Carrefour, encontré todos los productos que necesitaba. Pero sinceramente creo que la lista de los 500 productos no son los que realmente necesitamos en una canasta básica", expresó Antonia Gómez, de Ciudad.
"Este gobierno quiere que seamos buchones de ellos cuando son ellos los que arman una lista de productos en los que hay más cosas que no consumimos habitualmente. Me parece que el señor Moreno tendría que rever el listado", dijo indignado Francisco, un jubilado de Ciudad.
"Me gustaría saber quiénes serán los que controlen los precios acá. Nosotras las amas de casa hace rato que venimos buscando y comparando precios. Ahora los congelan y en los supermercados que vendía más baratos lo aumenta e igualan con los que venden más caro. En definitiva, seguimos en la misma", expresó Liliana Agüero, de Guaymallén.
La queja general de los mendocinos es que muchos de los productos que figuran en la lista de los 500 congelados no se consiguen en esta provincia. Entre ellos está la carne picada común que no la comercializan varias de las cadenas de hipermercados.
"La marca de azúcar que figura en la lista no la he encontrado en ningún lado. El queso no viene por la cantidad que dicen de Comercio. Vino no tomo. Aceite Natura que es el que uso no encontré en Wal-Mart y ni hablar de la carne molida en los hipermercados: no existe. Entonces, cómo hacemos con eso. ¿Alguien los va a obligar a que incluyan los productos?", dijo María Pereira, de Ciudad.
Según Ámbito Financiero, sobre las sanciones se aplicará la Ley de Defensa del Consumidor, en su última versión de 2008. Esta ley, la 24.240, menciona en el artículo 7 que "la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones". Por oferta, el Gobierno interpretará la lista de los 500 productos en su totalidad. Si los supermercados no tienen disponibilidad de estos bienes, Moreno les exigirá lo que marca el artículo 10 bis punto b de la norma: "aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente". Esto es, ofrecer por el mismo precio un producto similar.
Las sanciones que se incluyen en el artículo 47 van de "100 a cinco millones de pesos, decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare", detalla el medio porteño.