Javier Fernández es subrogante en la Fiscalía de Estado de Mendoza. Hombre de perfil bajo, repentinamente cobró notoriedad luego de que trascendiera que dará a conocer un dictamen referido al cuestionado contrato de los tragamonedas.
Si bien el funcionario cuestionó algunas cláusulas del contrato por el alquiler de los tragamonedas del casino Central —que está en manos de Mendoza Central Entretenimientos— la Fiscalía no habría declarado nulo al contrato, como pedían los denunciantes.
Allí aparece el punto más crítico de ese contrato, que es el canon de concesión que llevó las ganancias de la empresa del grupo Vila al 47% de los ingresos de los tragamonedas.
Se trata de un caso emblemático para Mendoza, donde está en juego la credibilidad de las instituciones y su capacidad para defender los intereses públicos.
En este caso, el Instituto de Juegos y Casinos y la Fiscalía de Estado tienen la responsabilidad de preservar los recursos que se destinan a programas sociales y que se podrían incrementar drásticamente con una correcta administración y control. En buen romance: que no entregue a intereses privados los beneficios económicos del juego.
A eso debe sumarse que se trata de una actividad que de por sí es riesgosa para la población por la existencia de la ludopatía.
Hay una situación que cae de madura pero que no está de más recordarla: el Estado en su conjunto tiene todas las atribuciones para renegociar o anular un contrato dañoso para sus finanzas y también para investigar la posible connivencia entre quienes firmaron el contrato en la gestión anterior.
No es poco.
Personaje del día: Javier Fernández
El fiscal subrogante dictaminó hoy sobre el cuestionado contrato de concesión de los tragamonedas con Mendoza Central Entretenimientos. Si bien no se declara nulo ese contrato, sí se cuestionan algunos puntos. Polémica en puerta.
