En primer plano, un grupo de vecinos de Villa Hipódromo que resiste la construcción de un barrio porque denuncian que el terreno comprado por el IPV no es apto para edificar. De fondo, otra problemática social que se revela a partir de la falta de espacios para habitar en el Gran Mendoza: el temor a que se agrave la inseguridad en esa zona por la radicación en ese barrio de vecinos del asentamiento Urundel, de Godoy Cruz.
Los vecinos autoconvocados pertenecen a los barrios Jardín Serrano, Judiciales, Vandor, Gas y San Ignacio, entre otros. Y en noviembre pasado comenzaron a movilizarse para tratar de frenar la construcción de un nuevo barrio en un lote de 4 hectáreas ubicado en las calles Perón y Pablo Iglesias, junto al barrio Los Glaciares, a unos 500 metros del Campo Papa y con los cerros del pedemonte como marco de postal.
Se trata de un terreno comprado en 2010 por el Instituto Provincial de la Vivienda -durante la gestión de Carmelo Simó- por el valor de más de dos millones de pesos y en el que se ha planificado construir 54 casas para familias del barrio Urundel, un asentamiento inestable.
El monto estimado de la obra oscila entre los 10 y 11 millones de pesos, pero podría ascender hasta casi 20 millones porque requiere de mejoras en los servicios -incluyendo el monto de la compra del terreno-.
Los informes contradictorios
Las charlas y consultas entre los vecinos y funcionarios del Gobierno vienen ocurriendo desde noviembre, pero este jueves pasado -4 de abril- lograron que el titular del IPV, Omar Parisi, participara de una reunión en el centro de jubilados Rosas de Otoño, a la que también asistieron Emilio Caram -subsecretario de Seguridad- y Néstor Majul -director de Vivienda de la municipalidad de Godoy Cruz-.
Por momentos tenso y con interpelaciones concretas, por momentos con risas amables, el encuentro entre funcionarios y ciudadanos permitió poner sobre relieve algunos puntos polémicos.
La primera interrogante tiene que ver con los informes de suelo presentados por una empresa privada y por diferentes organismos técnicos de consulta habitual.
El primer estudio fue realizado por la empresa constructora Da Fre y Gaído -que contrató a un profesional para su confección- y dio el visto bueno para construir el barrio. Este estudio de factibilidad de obra es uno de los requisitos exigidos por el IPV a las empresas concursantes. Posteriormente, el organismo provincial adjudicó a esta firma la construcción de la obra. Cabe señalar que el organismo provincial compró a Da Fre y Gaído el terreno propuesto, en 2 millones 400 mil pesos, como parte de la propuesta de concurso público.
Sin embargo, los vecinos contradicen este informe señalando que una investigación previa del Cricyt había determinado que el suelo del pedemonte no es apto para edificar y que presenta riesgo aluvional.
Lo sucedido en el verano con los aludes en alta montaña -que trajeron como consecuencia otros problemas, como la interrupción del servicio de agua potable debido a la turbiedad en las plantas potabilizadoras- alimentan esta postura.
El principal argumento es que el terreno puede hundirse porque ha sido una cantera de donde se ha extraído ripio y arena para la construcción.
Actualmente, es un descampado que sirve para arrojar basura de todo tipo. La municipalidad, a su vez, ha tenido que rellenarlo varias veces. A su vez, sobre calle Perón, presenta una elevación importante ya que por abajo pasa un caño que trae agua del río Blanco. En esta elevación, se encuentra el respiradero de ese caño que llega desde Potrerillos.
Una visita a la zona sirve para observar las filtraciones sobre calle Perón que surge de las cloacas de dos manzanas del barrio Los Glaciares. Ese mismo problema con el agua residual se puede observar en otros barrios aledaños, donde además el olor nauseabundo es fuerte.
Pero además, como antecedente, recordaron que muchas casas de la zona de Los Barrancos -también en esa zona de Villa Hipódromo- ya presentan resquebrajaduras, tal como se puede ver en la imagen inferior.
Se trata de casas prácticamente fracturadas en dos y han comenzado a desplazarse y en otras cuyas grietas van agrandándose semana a semana. "De noche, siento como la casa cruje", dice un vecino en el recorrido por el barrio Los Barrancos I sobre su casa de apenas 40 metros2, rodeado de los primeros cerros y donde anteriores gestiones del IPV tuvieron que construir murallones de contención para evitar aludes.
Así, señalan que las casas que pueden construirse en ese lote sufrirán los mismos problemas a los pocos años de construirse, tal como lo explica una vecina en este video.
Aquí la primera sospecha de los vecinos, que reclaman rigurosidad en el control de gestión en base a su mala experiencia y a lo ocurrido con la mala administración de las cooperativas en los años `90. "Nosotros planteamos la construcción de viviendas, pero seriamente", apuntaron.
Esto fue reconocido por Parisi que, no obstante, relativizó el estudio encarado hace tiempo por el organismo científico provincial: "El terreno es apto para construir, pero no óptimo", respondió a los autoconvocados, durante la reunión.
El ex intendente de Luján ahora a cargo de la política habitacional también explicó que cuando los vecinos de Villa Hipódromo lo visitaron por primera vez, encargó por su parte una serie de estudios a la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. Con el informe preliminar en la mano, Parisi aclaró que ese estudio de suelo también aprueba la edificación en ese terreno.
"Lo que me están diciendo es 'Parisi, empiece a meter máquinas'", tradujo.
Este estudio preliminar de la UNCuyo elaborado por dos master ingenieros también da una respuesta sobre el posible riesgo aluvional, una de las preocupaciones expuestas durante la reunión. La idea del presidente del IPV es aprovechar un canal aluvional construido en piedra -por lo que habría que adaptarlo con infraestructura moderna- que disminuiría el impacto de crecidas sobre las casas y que corre por detrás del terreno adquirido.
A su vez, Parisi se apoya en otro estudio, efectuado por la Dirección Provincial de Hidráulica, que da viento a favor porque certifica que no hay riesgo aluvional. Y que las posteriores obras de cauce en la urbanización del terreno, llevarán el agua hacia la calle Pablo Iglesias.
Lo que sí reconoce el funcionario es el problema en los servicios públicos -principalmente, la falta de presión en el agua en verano y la de gas en invierno-que aqueja a toda esa zona del oeste godoycruceño. Y adelantó que con fondos aportados por el IPV -5 millones de pesos-, la estatal Aysam realizará obras en nexos y colectoras para toda esa barriada.
Parisi contará con el informe completo elaborado por Ingeniería esta semana y cualquier ciudadano puede acceder al mismo porque es público.
Y pese al descreimiento vecinal, aceptó que el Cricyt podría formar también parte de los controles de gestión a través de auditorías.
Por el momento, todavía falta documentación que la firma constructora tiene que presentar ante el municipio de Godoy Cruz, lo que hace que la obra no comience.
"Esto es por la seguridad"
Pero las interrogantes técnicas no son las únicas. Constituyen el punto de partida para las contradicciones sociales. Lo reconoce en principio Majul, el funcionario de Godoy Cruz, al señalar que no hay espacios para construir en Godoy Cruz y que la comuna ha avanzado en la erradicación de las villas inestables en un 45 por ciento desde 2001.
"En Godoy Cruz tenemos un gran problema en vivienda. Hay 10 mil familias inscriptas en el Renavi y no hay más terrenos. Y no hay una ley que permita trasladar a gente de Godoy Cruz a otros departamentos, porque está prohibido", se atajó el director de vivienda del departamento, aludiendo a la llamada "demanda dispersa".
En los últimos diez años, el déficit habitacional ha sido correlativo con las inequidades sociales. Así, los sectores de mayor poder adquisitivo se quedaron con los mejores terrenos para la construcción, principalmente de barrios privados. Algunos de ellos, en la expansión hacia el oeste, robándole espacio al pedemonte.
"Nos han quedado los terrenos marginales para construir las viviendas sociales", definió el titular del IPV.
La polémica permite observar así la falta del ordenamiento urbano en un Gran Mendoza cada vez más poblado pero, al mismo tiempo, con poco espacio apto para levantar casas. Las posibilidades fueron urbanizar el pedemonte, ganándole lugar a los cerros. Esto deja entrever la demora en la puesta en funcionamiento de la Agencia de Ordenamiento Territorial -creada por ley durante la gestión de Celso Jaque, pero puesta recién en funcionamiento en febrero pasado-, mientras se suceden los negocios inmobialiarios en el pedemonte mendocino.
El dato estadístico aportado por Majul, sin embargo, no fue suficiente para los vecinos, que tienen una realidad palpable a cuestas. Y pone a prueba la convivencia social día a día en un grado extremo: el delictivo.
"Todo esto es por la seguridad. No quiero ser hipócrita, pero no quiero que vengan porque quiero vivir tranquilo", manifestó un vecino ante las autoridades, refiriéndose a quiénes serán los futuros residentes de ese barrio.
La preocupación no se basa en simples prejuicios. Los autoconvocados sostienen que la inseguridad en esa zona al oeste de Godoy Cruz se incrementó cuando se traslado al barrio Solidaridad -ex Cimalco- a la gente de Las Tablitas, aquel asentamiento ubicado entre el barrio Batalla del Pilar y el Acceso Sur. A metros del lote, se ubica un predio que la policía utiliza para la división motorizada y como caballerizas. Detrás de este predio, se extiende el Campo Papa.
En este mismo terreno donde se ha proyectado un nuevo barrio, aducen que es utilizado como escondite por los delincuentes. Y que por allí cruzan para seguir camino por senderos que atraviesan los primeros cerros hacia otro asentamiento ubicado junto al dique Maure, conocido como Las Lonjas.
Pese a todo, los vecinos de Los Glaciares reconocen algunas mejoras. Desde hace un año, y luego de varios pedidos, se han colocado reflectores para mejorar la visibilidad del barrio en horas nocturnas. Y destacan que la presencia policial ha reducido el comercio de estupefacientes en la plaza del barrio, ubicado frente al lote.
La insistencia vecinal también puso a prueba a los funcionarios para determinar quién había dado la orden de instalar allí a los residentes del Urundel. Y si bien desde Godoy Cruz se quisieron desmarcar, Caram confirmó que se trató de un acuerdo entre el Gobierno provincial -durante la gestión de Celso Jaque, cuando Carlos Ciurca era ministro- y la comuna.
"No hay que caer en la categorización de barrios buenos y barrios malos, porque no vamos a avanzar", pidió en su momento el joven subsecretario de Seguridad.
"Acá nadie quiere asentamientos, pero qué hacemos", se pregunta Majul ante un problema que coloca a los políticos en un dilema social para dar respuesta a unos y a otros.
Y agrega Majul: "Espero que no sea esa la intención de la gente, pero es marcar un hecho de discriminación. Lo que tendríamos que preocuparnos con el Gobierno provincial es mejorar la seguridad".
Parisi también cierra filas con Caram en este punto. "No voy a aceptar que no los quieran porque vienen del Urundel. Eso no se debe", sostuvo. El traslado de los vecinos del asentamiento no será total. Allí, a un costado del Corredor del Oeste, se quedarán a vivir 137 familias.
Los planes del Gobierno apuntan a mejorar la calidad de vida para que el asentamiento Urundel sea un barrio, con los servicios públicos adecuados. Los vecinos que se trasladarán son 54 familias que se ubican en la llamada cancha Bustamente, una zona que presenta riesgo aluvional.
"Cuando uno se propone erradicar una villa, lo más importante es que es la misma gente que vive allí acepte trasladarse, porque ahí no pagás luz ni agua. Pero acá hay gente que quiere mejorar su calidad de vida", aseguró el director de Vivienda de Godoy Cruz.
Otros vecinos aseguran que no están en contra de la instalación de estas familias, sino de las malas gestiones que administran la política habitacional. Y si bien reconocen que toda esa zona es un "cinturón de zona roja", recalcan que la inclusión tiene que ser primero garantizando buenos servicios.
La promesa
Dos problemas sociales que se conectan. El déficit habitacional y la inseguridad. La síntesis política queda en una promesa oficial rubricada en un acta.
Para superar el conflicto técnico, Parisi concedió que los vecinos pueden realizar un segundo estudio de suelo con organismos técnicos que tengan la misma valía que la Facultad de Ingeniería para determinar si el suelo es apto para construir un barrio en ese terreno. Los vecinos apelarán a la Universidad Tecnológica Regional y adelantan que seleccionarán profesionales que no tengan compromisos político-partidarios.
Si el estudio solicitado por los vecinos de Godoy Cruz contradice el elaborado por los ingenieros de la UNCuyo, desde el Gobierno han prometido avanzar con otra obra a cambio del barrio: una extensión del parque General San Martín, un reclamo también de antaño para los habitantes de esa zona de Godoy Cruz.
Pero si finalmente se construye el barrio, los desafíos de urbanización para esa zona no concluyen con este proyecto. La gran barriada que nuclea toda a esa zona, apenas cuenta con un centro de salud -en Los Glaciares- y dos establecimientos educativos -Ciudad de Brasilia y Cordillera de Los Andes- ya colmados.
Finalmente, la promesa de dar marcha atrás coloca en un dilema político al mismo Parisi, luego del acuerdo alcanzado por el ahora vicegobernador Carlos Ciurca -con quien el director del IPV tiene estrecho contacto político- con la municipalidad de Godoy Cruz.